El Primer Juzgado de Letras de Iquique condenó al fisco de Chile a pagar una indemnización de 40 millones de pesos al dirigente sindical Sergio Mauro García Aguilera, quien fue detenido el 4 de diciembre de 1973 y sometido a torturas en el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y posteriormente en el campamento de prisioneros de Pisagua.
En el fallo (causa rol 4.269-2023), el juez Héctor Kompatzki Delarze desestimó las excepciones presentadas por el fisco, afirmando que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que la acción de indemnización es imprescriptible.
“El daño reclamado proviene de hechos especialmente graves como lo son las violaciones a los derechos humanos del actor, ejercidas por agentes del Estado de Chile encargados, precisamente, de velar por la seguridad y protección de los ciudadanos”, se lee en el fallo.
El tribunal destacó que el Estado no cuestionó los hechos, los cuales están reconocidos en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. García fue víctima de detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, y continúa presentando secuelas a más de 50 años de ocurridos los hechos.
“Fue privado de poder tener un desarrollo vital en condiciones normales, seguras y dignas”, concluye la sentencia, justificando la reparación económica.
Asimismo, el fallo establece que los beneficios estatales recibidos por el afectado a través de programas de reparación no constituyen una indemnización integral por el daño moral, sino que son de carácter asistencial y simbólico.
Esta resolución se suma a otros fallos similares en todo el país, donde tribunales han ordenado al Estado indemnizar a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
