En una operación inédita, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), logró desarticular una sofisticada red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, identificando la salida ilegal de más de 13,5 millones de dólares desde Chile hacia el extranjero.
La investigación fue liderada por una fuerza de tarea interregional compuesta por las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, y coordinada por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
El operativo permitió detectar el uso de sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias y criptoactivos para mover y ocultar fondos obtenidos a través de delitos como trata de personas, extorsión, sicariato, secuestro y narcotráfico.
La subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, Tania Gajardo, explicó que esta etapa de la investigación “apunta a seguir la ruta del dinero”, como parte final del desmantelamiento de la estructura operativa del Tren de Aragua en el país.
“Desde Iquique hasta Puerto Montt hubo entradas y registros en 50 domicilios. Se congelaron cerca de 250 cuentas bancarias y se detuvo a 52 personas”, detalló la fiscal.
Según la Fiscalía de Tarapacá, entre 2021 y 2024 se transfirieron más de US$6,8 millones en activos digitales a billeteras virtuales controladas por la organización.
La Fiscal Regional Trinidad Steinert destacó que “la investigación patrimonial es clave para golpear el corazón financiero de estas organizaciones”, señalando que el uso de criptomonedas representa un desafío creciente.
En el operativo nacional participaron seis fiscales, más de 100 funcionarios policiales, analistas especializados y personal del SII. Se ejecutaron 18 órdenes de detención contra ciudadanos venezolanos, más de 100 bloqueos de cuentas y billeteras digitales, y allanamientos simultáneos en siete regiones.
Desde el Ministerio Público destacaron que esta acción permite cerrar una etapa fundamental en la lucha contra el Tren de Aragua, enfocada ahora en debilitar su poder económico.
También se insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre entidades públicas y privadas para detectar y prevenir este tipo de delitos financieros.
