El presidente de Bolivia, Luis Arce, descartó que el Gobierno ejerciera presión para la aprobación de los contratos de litio con empresas de China y Rusia y pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cumplir los plazos para debatir los documentos.
“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos”, agregó.
La autoridad del país vecino afirmó que “es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”.
Arce se basó en que, según la ley, en el 2024, los contratos de litio se enviaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, pero su socialización fue aplazada hasta febrero de 2025.
Asimismo, expuso que el 2021 se asumió el desafío de la industrialización del litio boliviano y se convocó a las empresas. También explicó que entre el 2023 y 2024 se firmaron 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos de diversas nacionalidades.
Cabe mencionar que en septiembre de 2024, la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para producir 14 mil toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, mediante la extracción directa de litio, con una inversión superior a los 970 millones de dólares.
Después, en noviembre de ese mismo año, la estatal boliviana y la empresa china Hong Kong CBC suscribieron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio de 10 mil y 25 mil toneladas anuales de capacidad con una inversión de mil 30 millones de dólares.
Sin embargo, ambos contratos permanecen en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva aprobación, pero en las sesiones para su tratamiento los legisladores afines al expresidente Evo Morales y los de la oposición tradicional los rechazan.
