Con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto que establece sanciones económicas para quienes no cumplan con su deber de votar en elecciones populares. La propuesta ahora deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior, tras la presentación de indicaciones para un segundo informe.
La iniciativa, ingresada bajo el boletín 13105, busca dar cumplimiento efectivo al voto obligatorio —ya establecido mediante una reforma constitucional— y establece multas de entre media y tres unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre aproximadamente $34 mil y $206 mil. Estas sanciones irían a beneficio municipal.
El proyecto, impulsado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y respaldado por parlamentarios como Catalina Pérez y Jaime Mulet, contempla excepciones como enfermedades, reposo por embarazo, parto o puerperio, ausencia del país o hallarse a más de 200 kilómetros del local de votación. En estos casos, los ciudadanos podrán justificar su inasistencia ante el juez competente, Carabineros o mediante una plataforma digital que habilitará el Servicio Electoral (Servel).
Además, quienes participen como vocales de mesa u otras funciones electorales quedarán eximidos de la multa, previa certificación oficial ante el Servel.
Uno de los aspectos más comentados es la incorporación de posibles incentivos estatales para quienes sí cumplan con su deber cívico. Esto será regulado por el Ministerio del Interior a través de un reglamento específico.
Durante el debate en Sala, el proyecto generó un intenso intercambio político entre oficialismo y oposición. Desde la derecha se defendió la propuesta, señalando que es una consecuencia lógica del retorno al voto obligatorio, y criticaron la ausencia de patrocinio del Ejecutivo. En tanto, algunos legisladores oficialistas cuestionaron que se trate de una medida punitiva y consideraron que se debería avanzar más bien en educación cívica que en sanciones económicas.
El debate fue cerrado con una solicitud aprobada por Renovación Nacional, tras lo cual se procedió a la votación de la idea de legislar, permitiendo que el proyecto continúe su tramitación en el Congreso.
