El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la fuga de Osmar Ferrer —alias utilizado por Alberto Carlos Mejías Hernández, sicario del denominado “Rey de Meiggs”— y calificó el hecho como “más grave” que una simple “desprolijidad”, apuntando a fallas estructurales en la verificación de identidad y coordinación institucional.
Valencia explicó que antes de 2023 no existía una práctica obligatoria de verificación de identidad en los detenidos, lo que permitió que el sujeto ingresara al sistema judicial con un nombre falso. Esta falla facilitó su liberación, tras una resolución judicial que no consideraba sus antecedentes reales.
El jefe del Ministerio Público también se refirió a las comunicaciones judiciales que derivaron en la liberación del sicario. Aunque reconoció que una mejor coordinación entre instituciones habría sido útil, sostuvo que el problema de fondo fue la existencia de una sola resolución, pero tres comunicaciones distintas sobre su liberación.
Esta situación fue calificada por Valencia como “anómala” y dio pie al inicio de una investigación penal.
Asimismo, el caso ha abierto un debate sobre la necesidad de mejorar los protocolos de identificación y la comunicación entre tribunales, Gendarmería y el Ministerio Público, con el objetivo de evitar fugas y errores en la administración de justicia.
