La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión del proyecto de ley (boletín 17.615) que busca modificar la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, con el objetivo de entregar mayores herramientas a los municipios para enfrentar el comercio informal en el espacio público.
La propuesta contempla medidas como el decomiso de productos comercializados ilegalmente en la vía pública, el fortalecimiento de la recuperación de espacios afectados por esta actividad, la creación de delegados especiales para el control del comercio ambulante y la obligación de informar anualmente en la cuenta pública del alcalde cuántos permisos se han otorgado.
Durante la sesión, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, señaló que el Ejecutivo valora la iniciativa y reconoce la urgencia del problema, pero advirtió que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial que requiere distintas herramientas.
Leitao sostuvo que si bien la iniciativa apunta en la dirección correcta, carece de definiciones clave. “No se establece claramente cómo se hará la recuperación del espacio público ni quiénes fiscalizarán la norma. Además, hay falta de uniformidad conceptual: se habla de comercio informal y comercio ambulante indistintamente”, precisó.
También planteó que se podrían considerar cambios a la Ley de Tránsito (18.290), que ya establece prohibiciones para el comercio ambulante en calzadas y bermas sin permiso municipal, proponiendo que se incluya expresamente a los inspectores municipales como fiscalizadores.
Visión de la Asociación de Municipalidades
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, respaldó el proyecto, destacando que responde a una demanda urgente de los municipios. “Necesitamos herramientas reales para recuperar los espacios públicos. Hoy las policías, por falta de personal, no logran cubrir esta necesidad”, afirmó.
Los parlamentarios presentes plantearon inquietudes respecto a la coordinación del Gobierno con los municipios para enfrentar el comercio informal, la falta de espacios para almacenar los productos decomisados y la necesidad de mecanismos claros para su destrucción o traslado a vertederos.
El proyecto seguirá en tramitación y, según anticiparon autoridades y legisladores, podría incorporar indicaciones en su discusión en particular para afinar su aplicación efectiva en las comunas del país.
