Tras la sentencia del Primer Tribunal Ambiental que condenó al Estado por el daño ambiental generado por los vertederos ilegales de ropa en Alto Hospicio, el seremi de Gobierno de Tarapacá, Rodrigo Vargas, destacó la relevancia del fallo y reafirmó el compromiso del Ejecutivo con soluciones de fondo para la crisis de residuos en la región.
“El Gobierno respeta plenamente la autonomía de los tribunales de justicia y, como es costumbre, no se pronuncia sobre el contenido de sus fallos. Dicho esto, la sentencia del Primer Tribunal Ambiental confirma la gravedad de un problema reconocido tanto a nivel nacional como internacional: la proliferación de microbasurales, vertederos ilegales y el cementerio de ropa usada en la Región de Tarapacá”, señaló la autoridad.
Vargas precisó que el Ejecutivo impulsa una política nacional robusta para enfrentar el problema estructural de la gestión de residuos, que incluye la Estrategia Nacional de Residuos, con metas para reducir la disposición final en vertederos, aumentar el reciclaje y el compostaje, además de fortalecer la economía circular.
“La incorporación de los textiles como producto prioritario en la Ley REP marcará un antes y un después, obligando a productores e importadores a hacerse cargo de la ropa al final de su vida útil, reduciendo así los acopios ilegales que afectan especialmente a Alto Hospicio”, enfatizó.
Asimismo, detalló que el Gobierno mantiene en marcha un plan especial de fiscalización en zonas críticas de la región, con la participación de municipios, Carabineros y la Superintendencia del Medio Ambiente, que contempla vigilancia permanente, sanciones y coordinación con los Juzgados de Policía Local.
“Como Gobierno sabemos que no basta con sancionar ni con limpiar. El desafío es transformar el sistema: concientizar, prevenir, fiscalizar, recuperar y valorizar. Queremos que Tarapacá deje de ser símbolo del abandono ambiental y se convierta en un referente de justicia ambiental y economía circular para el país y el mundo”, concluyó Vargas.
