La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantienen una vigilancia activa y permanente sobre el tráfico marítimo en aguas nacionales, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional que regula el ingreso de embarcaciones extranjeras a puertos chilenos.
El director nacional (s) de Sernapesca, Esteban Donoso, explicó que todos los buques que recalan en puertos nacionales son sometidos a fiscalizaciones coordinadas con organismos como Aduanas, Salud, SAG, PDI y la Autoridad Marítima, tanto en su tránsito como al momento de arribar.
“Verificamos los registros de navegación, la correcta transmisión de instrumentos y el estado de las bodegas para confirmar la condición de pesca o no pesca declarada. Todos los buques deben pasar por este control”, señaló.
En tanto, desde la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar) de la Armada, se realiza un monitoreo satelital en tiempo real del movimiento de las naves, complementado con fiscalizaciones aéreas y marítimas. El contraalmirante litoral Sigfrido Ramírez, director de Dirsomar, precisó que las labores de control son permanentes y que “no existe evidencia de operaciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva” del país.
De acuerdo con Sernapesca, al 30 de septiembre se han recibido 157 solicitudes de recalada en puertos nacionales durante 2025, de las cuales 139 fueron autorizadas y 18 rechazadas por no cumplir con los requisitos exigidos. En todos los casos autorizados se realizaron inspecciones a bordo, sin detectarse incumplimientos normativos.
La labor de fiscalización ha sido socializada con organizaciones de pescadores artesanales de distintas regiones, quienes han sostenido reuniones con la Armada y Sernapesca para conocer los procedimientos y expresar sus inquietudes.
Además, el diputado Matías Ramírez, presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, visitó el centro de monitoreo satelital de Sernapesca, donde conoció la trazabilidad de la flota extranjera y el proceso de autorización de recaladas.
La subsecretaria (s) de Pesca y Acuicultura, Rocío Parra, destacó la coordinación entre las instituciones y el compromiso del país en el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). “Existe un trabajo conjunto entre la autoridad marítima y pesquera que refleja el compromiso irrestricto de Chile con la lucha internacional contra la pesca ilegal. La preocupación de los pescadores artesanales es válida, y ha sido importante que conozcan el rol fiscalizador que ambas autoridades cumplen”, afirmó.
Chile aplica desde 2004 una normativa que regula el uso de puertos nacionales por parte de naves pesqueras de bandera extranjera, y en 2009 suscribió el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), instrumento internacional que busca prevenir y eliminar la pesca ilegal mediante la restricción del acceso a puertos de embarcaciones sospechosas.
“El objetivo del AMERP es impedir que los barcos que practican pesca ilegal utilicen puertos para desembarcar sus capturas o repostar, contribuyendo así a la sostenibilidad de los recursos marinos”, explicó Donoso.
El ingreso de China al AMERP a comienzos de 2025 ha generado un aumento significativo de solicitudes de recalada de buques de ese país, que pasaron de ocho en 2024 a 130 en lo que va de este año.
Cada solicitud es evaluada por Sernapesca, que verifica la documentación y los registros de navegación para descartar operaciones dentro de aguas chilenas. Una vez aprobada la recalada, se conforma una comisión interinstitucional que inspecciona la nave al arribar al puerto.
