Este martes, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud del Ministerio Público y aprobó la suspensión condicional del procedimiento abierto en contra del empresario libanés, Issa Youssef Jaafar, imputado como autor de lavado de dinero en el caso “Club de Tenis Tarapacá”.
En la audiencia, la Fiscalía ofreció la suspensión condicional del procedimiento para todos los imputados y presentó un acuerdo que incluía la construcción de un club de tenis de tres canchas en un terreno ubicado en el sector de Punta Gruesa, cuyos derechos fueron adquiridos en 2025 por el club con un valor de $488.314.000.
La construcción se financiaría con fondos del club, retenidos desde septiembre de 2023. Además, se designaría un interventor por el tribunal y se donaría $100 millones al fisco.
En el acuerdo también establecía la renuncia de la directiva del club y la prohibición de presentarse a una nueva elección mientras se mantenga la suspensión condicional, así cómo la creación de una comisión para cumplir con la construcción del recinto y garantizar acceso gratuito a la comunidad.
Sin embargo, el magistrado Frederick Roco sólo aprobó el acuerdo alcanzado con Issa Youssef Jaafar y no aprobó lo pactado entre el Ministerio Público y los demás acusados, pues consideró que “hay un germen de conflicto futuro”.
El juez estableció que no hay claridad de la situación jurídica de los bienes que están involucrados en la salida alternativa, así como las garantías de cumplimiento.
En este sentido, advirtió que el dinero retenido por el cual se harían los pagos de las condiciones del acuerdo son recursos que corresponde a las víctimas y esos dineros actualmente están embargados por una decisión de la Tesorería General de la República (TGR).
“En la medida que existe ese embargo, que en términos jurídicos es una prohibición de disponer y que el contexto en que se está conviniendo esta suspensión condicional supone que se puedan disponer de esos fondos. Entiende el tribunal que no es posible aprobarlo en estas condiciones”, señaló el magistrado.
Además, sostuvo que no están involucrados todos los derechos de propiedad en el inmueble, por lo que se ve afectada la titularidad en derecho que se tiene. Esto también sería una afectación a las víctimas que si bien manifiestan su conveniencia o su consentimiento, a juicio del tribunal, habría un inconveniente desde el punto de vista jurídico.
“Desde esa perspectiva, creo que la suspensión condicional del procedimiento es lo que dice relación con los imputados Héctor Rebollo, Juan Rebollo, Jorge Aserella, don Juan Álvarez, don Sebastián Rebollo, donde Vladimir Perich y don Miguel Ortuño, por esas deficiencias que entiende el tribunal y en la medida que no se modifiquen los términos de la suspensión, en el sentido de que haya un compromiso real de cada uno de los imputados con bienes propios -por una parte- y que no sean bienes de quien aparece como víctima y que no signifique la posibilidad de que se genere un conflicto futuro por discusión de derecho, por ahora no resulta, a juicio del tribunal, procedente de la aprobación en los términos convenidos”, concluyó el juez.
Empresario libanés pacta salida alternativa con Fiscalía
El acuerdo entre la Fiscalía y el empresario libanés, Issa Youssef Jaafar, incluye un periodo de observación de un año, la donación a beneficio fiscal de $15 millones y la entrega de una garantía a plazo de $US 200 mil ($191 millones) que quedarán en custodia del tribunal por un año.
Asimismo, el acusado de lavado de dinero deberá fijar un domicilio e informar cualquier cambio al tribunal de alzada.
“El pago a beneficio fiscal de la suma de $15 millones más una garantía de 200 mil dólares, garantía que dice relación con solo el cumplimiento de esta salida alternativa, es decir, estar informando su domicilio y de donar esta suma de dinero, en la medida en que puede ser aprobada de manera independiente a la propuesta respecto de los demás imputados”, declaró el juez.
Tras la audiencia, el abogado querellante, Enzo Mórales, explicó que el tribunal rechazó la solicitud de suspensión condicional del procedimiento para los demás imputados, debido a la falta de condiciones que reparen el daño causado por los acusados.
El jurista criticó el acuerdo alcanzado, señalando que va en contra de los intereses de los afectados al aceptar una reparación económica al fisco en lugar de proteger al club.
Por su parte, el fiscal adjunto de Iquique, Juan Zepeda, indicó que el club enfrenta problemas judiciales por deudas y embargos, por lo que se busca una solución alternativa para su continuidad.
En este sentido, el persecutor dijo que la propuesta de suspensión condicional del procedimiento incluye condiciones que, si no se cumplen, resultarán en la revocación del acuerdo.
Por último, Sergio Salas, abogado del imputado Issa Youssef Jaafar, manifestó que su defendido es representante de una empresa que ya fue sobreseída, lo que hace que su participación en el juicio sea ilógica.
“Lo que corresponde, es parte del procedimiento, creemos que el proceso en general es injusto, pero es el proceso legal”, agregó.
Caso Club de Tenis Tarapacá
En noviembre de 2023 el fiscal Juan Zepeda formalizó la investigación penal contra los imputados, ya que en su calidad de representantes del club, los directivos junto a otros socios, presuntamente se apropiaron del único patrimonio de la agrupación, un inmueble ubicado en calle Bulnes 140 de la ciudad de Iquique.
Los imputados son los socios del club, Tito Rebollo, Juan Rebollo, Sebastián Asserella, Jorge Asserella, Jorge Álvarez, Wladimir Peric y Miguel Ortuño Nieto. Además fue acusado por lavado de dinero el comprador del inmueble, Issa Youssef.
La investigación penal estableció que los acusados cometieron presuntamente los delitos en ejercicio del cargo de directores del Club de Tenis creando en paralelo para su beneficio personal una sociedad de papel, la Inmobiliaria Tarapacá S.A., con la finalidad de traspasarse el único patrimonio del Club, es decir, las tres canchas de tenis ubicadas en calle Bulnes esquina avenida Arturo Prat en el sector El Morro de Iquique.
Acto seguido, los socios del club concertados con el empresario Issa Youssef Jaafar, le vendieron las instalaciones por $3.000 millones pagados en efectivo en la Notaría Vila de Iquique, repartiéndose entre los socios el dinero proveniente de la venta, perjudicando al Club de Tenis con el “vaciamiento patrimonial” y dejándolo sin instalaciones para su funcionamiento.
Debido a esto, Manuel Palacios Cáceres, uno de los socios del club, interpuso una querella por la presunta vulneración de los estatutos al realizar la venta de los terrenos de la institución deportiva sin fines de lucro, mediante una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).
El socio de la institución pudo constatar que los miembros de la Inmobiliaria Tarapacá S.A., eran también asociados a la agrupación deportiva y que a la vez realizaron la venta de las canchas de tenis del recinto.
