Este miércoles, la Comisión de la Cámara de Diputados encargada analizar la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, recibió a la académica de Periodismo de Investigación y editora de Ciper Chile, Paulina Toro.
Cabe recordar que el texto acusa al magistrado de vulnerar “de forma grave y reiterada el deber de reserva y confidencialidad que le impone la Constitución, la ley y los códigos de ética judicial”.
Asimismo, el texto estima que Ulloa habría incurrido en una grave infracción a sus deberes, al “participar en la resolución de causas y otros procedimientos judiciales, pese a la existencia de conflictos de interés y de una manifiesta animadversión hacia ciertos intervinientes”. Además, se observa que el juez intervino indebidamente en el nombramiento de integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, solicitando ayuda en los nombramientos al abogado Luis Hermosilla.
Al respecto, la periodista Paulina Toro explicó que las investigaciones relacionadas a Antonio Ulloa partieron el año pasado cuando tuvieron conocimiento que Hermosilla había ayudado en su nombramiento en la citada Corte de Apelaciones.
La comunicadora comentó que el tema fue tomando cuerpo a medida que avanzaba el caso Hermosilla, siendo un hito clave la apertura de los chats del abogado.
También resaltó que, previamente, existía la sospecha que había un mecanismo para nombrar jueces y otros cargos, pero, aclaró que esto se constató con el acceso a los chats de Hermosilla. La periodista dijo que a través de estos audios se pudo verificar que se influyó en el nombramiento de alrededor de diez jueces y fiscales judiciales
Red de favores
La profesional detalló que, en una segunda etapa, se pudo constatar el mecanismo que operaba para instalar jueces prescindiendo de sus competencias.
“El motivo de aquello era tratar de integrar jueces de un color político, el de ellos, al sistema. Entonces, a partir de ahí que se vulneran varios preceptos del sistema de nombramientos, que sea por color político y, además, que se trataba de manchar al adversario, justamente, por su otro color político”, acotó.
Asimismo, aclaró que este sistema se conoció a través de antecedentes incorporados en el proceso de remoción del juez Ulloa. Así, se verificó que el magistrado no solo participaba en el tema de los nombramientos, sino que, también, entregaba información confidencial. Asimismo, se conoció que el juez no se inhabilitaba en casos donde había claro conflicto de interés.
Toro señaló que por un determinado “favor”, como ser designado para un cargo, luego se cobraba con otro. Por ejemplo, para apoyar otro nombramiento o para beneficiar a una parte en un determinado caso.
“Uno, mirándolo en cenital, se da cuenta que aquí hay una cadena de favores. Que estar en deuda de un favor de este tipo vale mucho en el Poder Judicial”, evaluó.
Desde el sector acusador, los diputados Daniel Manouchehri y Leonardo Soto relevaron la información entregada y consultaron por los alcances de la red de contactos de Ulloa y Hermosilla. Es decir, si esta incluía a otros cargos, como fiscales, notarios y conservadores. De igual modo, si esta práctica de tráfico de influencias se extendió a otros mandatos presidenciales, además, del segundo periodo de Sebastián Piñera.
Sobre el punto, la periodista dijo que los principales datos disponibles se concentran en las conversaciones de Hermosilla a través de sus chats. A su vez, mencionó que no hay conocimiento de que la red se extendiera a otros gobiernos.
Además, estimó que otras aristas podrían ser objeto de la investigación de la Fiscalía, así como si hubo retribución por medio de contraprestaciones (dinero, regalos, etc.).
Al término de la sesión, la presidenta de la comisión, diputada Alejandra Placencia, valoró la información aportada por Paulina Toro y dijo que “el periodismo de investigación es lo que nos ha permitido a la opinión pública, a la mayor parte de la sociedad chilena, enterarse de situaciones que son gravísimas”.
“La constitución de posibles tráficos de influencias; la red de favores políticos que acá se están exponiendo son de una gravedad enorme y son lo que mina, en el fondo, la credibilidad en el sistema de justicia”, sentenció.
La legisladora adelantó que continuarán con su labor mañana y que proyectan sesionar durante la semana distrital, específicamente, el miércoles 22 de octubre. Acotó que, junto a la secretaría, se encuentran adecuando la lista de invitados que concurrirán a las sesiones.
Por último, informó que aún no cuentan con ninguna comunicación oficial con la defensa de Ulloa. “Entendemos que, obviamente, deben estar haciendo las evaluaciones y los estudios correspondientes”, planteó.
