Los empresarios y socios de la empresa DID Sonido, Dimitri Díaz Neira y Ricardo Percic Becerra, presentaron una querella por el delito de denuncia calumniosa en contra de los querellantes particulares del caso “Cajas de Alimentos”, recientemente condenados al pago de las costas del juicio que se extendió por cuatro meses.
La acción legal fue ingresada por el abogado Nelson Rocco el pasado 20 de octubre ante el Juzgado de Garantía de Iquique y va dirigida en contra del diputado Matías Ramírez (PC); el ex consejero regional, Pedro Cisternas (PC); el abogado y candidato a diputado, Enzo Morales; y el candidato a senador, Hugo Gutiérrez (PC).
En el documento judicial, se pide que los querellados sean condenados a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 unidades tributarias mensuales ($1.385.300), más la accesoria de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena, así como el pago de las indemnizaciones civiles.
Los denunciantes piden remitir los antecedentes al Ministerio Público, para que este órgano persecutor confíe la investigación penal a una Fiscalía no inhabilitada, ya que la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Fiscalía Local de Iquique participaron en la causa.
También se solicita al tribunal instruir diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), a efectos de que investigue sobre el delito denunciado, y se cite a declarar a los cuatro querellados mencionados.
Querellantes particulares del “Caso Cajas de Alimentos“
En la acción judicial se detalla que el 15 de abril de 2021 los cuatro denunciados presentaron ante el Juzgado de Garantía una querella en contra del exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI), y otros acusados por delitos de fraude al fisco.
En la querella se designó como abogados patrocinantes a Matías Ramírez y Enzo Morales, renunciando el primero de ellos en marzo de 2022, días antes de asumir el cargo de diputado de la República, que hasta el día de hoy ostenta.
Además, Ramírez otorgó el patrocinio y poder al abogado Bairon Arancibia, quien lo siguió representando en forma separada de los otros tres querellantes, quienes continuaron siendo representados por el abogado Morales hasta el 9 de junio de 2025, ya que ese día el jurista presentó su renuncia al patrocinio y poder, previo a declarar en el inicio del juicio oral.
Asimismo, se menciona que los querellantes particulares del caso “Cajas de Alimentos” sostuvieron que Díaz y Percic habrían participado en un hecho ilícito de fraude al fisco, consistente en ser favorecidos con un contrato adjudicado por el exintendente Quezada por más de $407 millones, correspondiente a la adquisición y distribución de 8.006 cajas de mercaderías por un valor unitario de $50.944 cada una de ellas, cifra que corresponde, según los querellantes, a un llamado “sobreprecio”.
No obstante, el 23 de diciembre de 2024 se realizó una audiencia en la cual los empresarios alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público para una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, lo que fue aprobado por el magistrado Frederick Roco.
Los querellantes particulares se opusieron al acuerdo y apelaron ante la Corte de Apelaciones de Iquique, pero el tribunal de alzada confirmó lo resuelto por el Juzgado de Garantía, ordenando a los empresarios a pagar por el daño causado al fisco.
Tribunal ordenó a empresarios a pagar por daño causado al fisco
La resolución judicial fue decretada contra los acusados Dimitri Díaz, Ricardo Percic, Marcelo Valenzuela, Gunter Ziller y María Luisa Lemus, quienes estuvieron investigados por el Ministerio Público por cuatro años.
La suspensión condicional del procedimiento se efectuó tras un acuerdo de la Fiscalía y las defensas, donde se fijaron ciertas condiciones que los particulares deben cumplir.
En detalle, la suspensión del procedimiento para Dimitri Díaz Neira se estableció por dos años bajo la condición de que fije un domicilio e informe sobre todo cambio del mismo al Ministerio Público.
También se le ordenó pagar el 20% del valor del sobreprecio determinado y que equivale a $15.057.685, además de la obligación de no rebajar a ningún título y las obligaciones tributarias por concepto de las condiciones pactadas.
En el caso de Ricardo Percic Becerra, el tribunal estableció dos años de suspensión del procedimiento, fijar un domicilio e informar los cambios al Ministerio Público y el pago del 20% del valor del sobreprecio determinado que equivale a $15.057.685.
Empresarios acusan uso político del proceso penal
En la acción judicial, los empresarios señalan que los querellantes particulares del caso “Cajas de Alimentos” son políticos conocidos en la región de Tarapacá, y a la fecha de la presentación de su querella calumniosa (abril de 2021) pertenecían o participaban en la misma colectividad política, es decir, el Partido Comunista (PC).
“En el caso de don Matías Ramírez, ejercía el cargo de Concejal de la Municipalidad de Iquique, y además, secretario del entonces diputado de la Región de Tarapacá, don Hugo Gutiérrez, y don Pedro Cisternas, era Consejero Regional de Tarapacá. Respecto del abogado Enzo Morales, éste siempre actuaba asociado a don Hugo Gutiérrez”, se añade en el texto.
Asimismo, se les acusa de utilizar denuncias y querellas en procesos penales para atacar a adversarios políticos de un sector distinto del suyo y de obtener protagonismo público denunciando casos de corrupción para “aparecer frente a la ciudadanía como preocupados de este tipo de situaciones”.
Reacciones de querellantes particulares
Tras conocerse la presentación de esta acción judicial, el abogado Enzo Morales indicó que la “querella es inviable porque los acusados Dimitri Díaz y Ricardo Percic acordaron con la Fiscalía una salida alternativa, es decir, fueron formalizados y acusados por delitos de corrupción y para librar pactaron una suspensión condicional donde reconocieron el fraude cometido y devolvieron el dinero del sobreprecio en las cajas de alimentos al fisco”.
“No hubo absolución ni sobreseimiento, menos la imputación de un delito falso.
Está maniobra es organizada por Nelson Roco, un abogado de Santiago que se ha hecho millonario gracias a mi lucha contra los corruptos en Tarapacá, representándolos y sacándoles dinero sin fundamento”, agregó el jurista.
Por su parte, el exconsejero Pedro Cisternas manifestó que se encuentran “muy tranquilos ante esta querella sin destino interpuesta contra quienes fiscalizamos en su momento el buen uso de los bienes de todos los chilenos”.
“Quienes interponen esta demanda tienen el derecho de hacerlo, sin embargo no le vemos destino alguno”, acotó.
La exautoridad dijo que “en lo particular cumplí con mi deber como autoridad en su momento, basado en dos contundentes informes de la Contraloría Regional que después de un acucioso proceso investigativo determinaron que habían delitos cometidos en el desarrollo del programa ‘Alimentos para Chile’ al establecer sobre precios (fraude al fisco) y asociación ilícita al confabularse un grupo para la comisión de tales delitos denunciados por la Contraloría”.
“De otra parte, pienso, que esta querella se inscribe en pretender dañar la candidatura a senador de Hugo Gutiérrez, que en su momento como diputado se querelló en este caso también”, cerró.
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