El lunes, el abogado querellante particular, Enzo Morales, renunció al patrocinio del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y exconsejero Pedro Cisternas (PC), quienes presentaron la primera denuncia a la Contraloría General de la República (CGR) y la querella que dio origen a la investigación penal del Caso Cajas de Alimentos.
La decisión fue asumida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique a minutos de comenzar la primera audiencia del juicio contra los ocho imputados en este emblemático caso dado a conocer en un reportaje de Radio Paulina.
Desde el Poder Judicial confirmaron a este medio que el abogado Morales renunció al patrocinio y poder conferido por los querellantes iniciales, por lo que se declaró abandonado el recurso.
Los jueces deliberaron y consultaron la posibilidad de delegar, pero no hubo interesados, así que se declaró abandonada la querella y con ello se dejó fuera del caso a los primeros querellantes.
Tras la decisión del tribunal, quedan como querellantes el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por el abogado David Álvarez, y el querellante particular Bairon Arancibia, representado por la abogada Paula Fortte.
Consultado por Radio Paulina, el abogado Enzo Morales justificó su decisión por “motivos laborales” y por la duración del juicio que se estima puede extenderse por al menos dos meses.
El jurista destacó que estuvo en esta causa como querellante desde el año 2020 y afirmó que por su trabajo el caso pudo llegar a juicio oral. Además, emplazó a la Fiscalía y al CDE a hacer su trabajo.
En tanto, el exconsejero regional, Pedro Cisternas, indicó a este medio que no había sido informado de la decisión del abogado y dijo confiar en que el Ministerio Público lleve “una buena gestión acusatoria”, porque los hechos de corrupción en el caso “son innegables”. No obstante, Morales aseguró haberle informado a Cisternas.
“Caso Cajas de Alimentos”
El caso “Cajas de Alimentos” comenzó en junio de 2020, luego que un reportaje publicado por Radio Paulina revelara que dos productoras de eventos, giro no asociado a la tarea de distribución de cajas, más una chef habían conseguido la millonaria licitación.
La investigación periodística fue llevada a cabo por este medio, debido a las irregularidades en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia liderada por Miguel Ángel Quezada en el año 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la implementación de la medida en distintas regiones. Una de ellas fue Tarapacá, en la que se detectó un cuantioso sobreprecio de 232 millones de pesos en el primer proceso de entrega de cajas y de más de 282 millones en el segundo proceso.
El caso ha tenido dos procesos de formalización, el primero con la lista política que involucró al exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada (UDI); su exjefa de Gabinete, Lilian Plaza Bravo; el otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; Ximena Ciudad, Juan Ayala, Lorena Barrientos y Luis Cepeda, entre los primeros imputados del caso.
En este primer grupo, el exdiputado y exconvencional por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), interpuso una ampliación de querella imputando a más personas en el caso.
Con dicha ampliación que interpuso Gutiérrez se incorporaron funcionarios involucrados en la segunda entrega de cajas, proceso que fue financiado por el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá.
En tanto, en un segundo grupo fueron acusadas seis nuevas personas durante noviembre del 2023. Se trata de la exjefa de División Social y Humano de la Intendencia y actual funcionaria de la Delegación Presidencial de Tarapacá, María Lemus Espinoza; los imputados Gabriel Díaz Duran, Marcelo Valenzuela Contreras, Gunther Ziller Arjona; la exconsejera regional Daniela Solari y su familiar directo Rodrigo Vega Laferte, quienes fueron formalizados por los delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado.
