Este lunes concluyó en Lima la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú, instancia convocada para abordar de forma coordinada la situación migratoria en la frontera norte, particularmente en el paso entre Arica y Tacna.
La cita fue encabezada por el canciller chileno Alberto van Klaveren y su par peruano, Hugo de Zela, acompañados por autoridades de ambos países, incluyendo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro peruano Félix Denegri.
El encuentro se desarrolló tras semanas de tensión por la presencia de migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan abandonar Chile por la frontera con Perú.
“La migración no se resuelve con medidas unilaterales. La coordinación es clave para evitar un mayor desorden en la frontera”, enfatizó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en una declaración pública.
Durante la reunión, se acordaron patrullajes conjuntos entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), así como el fortalecimiento del intercambio de información, con el fin de mejorar la respuesta operativa ante flujos migratorios irregulares.
También se resolvió implementar metodologías comunes para la verificación migratoria, avanzar en la regularización de pasos fronterizos y garantizar el funcionamiento de servicios consulares y migratorios en ambos lados de la frontera. En ese marco, se agendó una reunión en Tacna para coordinar aspectos técnicos.
Una segunda reunión del Comité Binacional quedó fijada para el próximo 19 de diciembre, con el objetivo de evaluar el avance de los compromisos adoptados y proyectar nuevas acciones.
Las autoridades destacaron que, pese a la complejidad del escenario, el objetivo común es evitar una crisis humanitaria como la ocurrida en mayo de 2023, cuando cientos de personas quedaron varadas en la franja fronteriza.
Desde el Gobierno chileno recordaron que, gracias al plan de reforzamiento fronterizo implementado desde febrero de 2023, se ha logrado reducir en un 48% el ingreso irregular al país, lo que ahora se busca consolidar con colaboración internacional.
