Un profesional de la salud presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales dirigida al Servicio de Salud de Tarapacá, representado por su directora María Paz Iturriaga, por perjuicios derivados y daño moral a raíz de una “persecución” en su contra tras haber denunciado situaciones de tráfico y consumo de drogas ilícitas por parte de menores que eran internados en un dispositivo de salud mental dependiente del servicio.
El funcionario exige una indemnización de $200 millones y una serie de medidas reparatorias, mientras que el servicio evitó referirse al contenido de la demanda y sólo indicó que no existe intervención “en la tramitación de los procesos disciplinarios”.
La denuncia fue ingresada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique el pasado jueves 27 de noviembre y está patrocinada por el abogado Patricio Grössling Salinas. Además, el tribunal fijó una audiencia preparatoria para el 4 de febrero de 2026.
En la acción judicial, a la que tuvo acceso Radio Paulina, el médico cirujano con especialidad en psiquiatría, Álvaro Araya, detalla que se desempeñó como director técnico de la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP) Medio Privativo de Libertad hasta julio de 2024, siendo trasladado al Centro de Salud Mental Comunitaria (COSAM) Salvador Allende de Iquique en contra de su voluntad.
El profesional asegura que “la persecución” que ha vivido en estos meses comenzó tras denunciar “situaciones irregulares de consumo y tráfico de sustancias ilícitas” en la red de atención de adolescentes que ingresan a la unidad de hospitalización desde el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (IP-IRC) de la región de Tarapacá.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en este último recinto (IP-IRC) que es administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, afectando a menores que luego ingresaban al dispositivo (UHCIP) dependiente del Servicio de Salud y donde se desempeñaba Araya, brindando atención especializada en salud mental y psiquiatría a los adolescentes privados de libertad.
Carta al presidente de la República
Tras evidenciar esta situación y no obtener una respuesta satisfactoria del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Tarapacá, Araya decidió enviar, junto a una colega, una carta al presidente Gabriel Boric denunciando estos hechos que afectan a menores de edad.
“El 24 de julio de 2025 (…) enviamos la carta dirigida al Presidente de la República. En ella se daba cuenta del grave problema de consumo de drogas al interior del IP-RC Tarapacá, que sugería incluso la existencia de tráfico de sustancias dentro del recinto”, se menciona en la denuncia.
En la misiva, a la que accedió este medio, el profesional de la salud mental señala que ha evidenciado “una lamentable situación” en la red de atención de adolescentes que ingresan al dispositivo de la UHCIP.
“Esta última consiste en el lugar de residencia destinado a aquellos jóvenes que cumplen medidas cautelares en contexto de investigaciones penales o delitos, bajo el cuidado directo de la red proteccional en una dependencia cerrada y custodiada por gendarmería”, se menciona en la carta enviada al mandatario.
Araya precisó que “dichos jóvenes ingresan desde este dispositivo (IP-IRC) a la UHCIP-MP con consumo de drogas y clínica de intoxicación aguda a pesar de llevar meses en la internación, reportando consumo continuo dentro de los módulos, lo cual es concordante con la clínica y exámenes complementarios que objetivan el consumo”.
El profesional aseguró en su carta que no existe ningún centro de este tipo (UHCIP) exclusivo para adolescentes mujeres, dejando en evidencia las “brechas de género que existen a nivel institucional en la salud mental”. Por último, solicitó una revisión seria de la situación, enfatizando la necesidad de investigar la influencia del narcotráfico en estas instituciones sin causar un escándalo mediático que agrave la situación de los jóvenes involucrados.
Con el paso de las semanas, Araya obtuvo una respuesta, ya que su carta fue derivada por el mismísimo mandatario al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, donde aseguraron en un oficio, con fecha del 6 de agosto, que realizarían una denuncia al Ministerio Público para esclarecer los hechos mencionados.
Asimismo, el servició especializado indicó en dicho documento que están tomando una serie de medidas como la identificación de jóvenes en riesgo, una revisión posterior a las visitas, un control riguroso de las visitas e intervenciones con los grupos familiares.
“Persecución por denuncia legítima”
Pese a denunciar graves situaciones que afectan a menores que ingresan a un dispositivo (UHCIP) dependiente del Servicio de Salud, el 3 de septiembre se le informó a Araya que se abriría un sumario administrativo en su contra, quedando apartado de sus funciones en la unidad de hospitalización.
En este sentido, Araya remarcó que la unidad (UHCIP) donde se desempeñaba es el único centro de hospitalización psiquiátrica para adolescentes privados de libertad en la Macrozona Norte, por ello la decisión de la directora, de separarlo de sus funciones, afecta a los jóvenes de Tarapacá y a los proveniente de las regiones de Arica-Parinacota hasta Coquimbo, ya que no hay más psiquiatras disponibles para este tipo de atenciones.
El funcionario también manifestó en la denuncia que la directora Iturriaga en vez de investigar el problema que afecta a los usuarios vulnerables, optó por sancionarlo con un sumario para investigar un “incumplimiento del conducto regular”, no centrándose en la problemática denunciada.
“Esperaba a lo menos las gracias de parte de esa directora o, al menos una anotación de mérito de mi jefatura, por mi actuar en defensa de nuestros usuarios menores de edad; en cambio, estoy siendo perseguido mediante un sumario administrativo sin sentido, donde incluso he sido suspendido de mis funciones”, expuso en el texto.
El profesional asegura que su denuncia sobre tráfico de estupefacientes al interior del dispositivo de salud mental (UHCIP) dependiente Servicio de Salud motivó como represalia la instrucción de un sumario que “carece de sustento jurídico y fáctico, configurando una actuación que puede entenderse como un encubrimiento del tráfico de drogas en recintos donde, precisamente por su nivel de control, tales situaciones no deberían ocurrir”.
Lo anterior, según Araya, considerando que al menos dos funcionarios del IP-IRC de Tarapacá estarían involucrados en una red criminal dedicada al tráfico y a la venta de drogas en la cárcel de Alto Hospicio, la cual fue desbaratada el pasado 5 de noviembre por la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, siendo ampliamente informado en los medios de comunicación local y a nivel nacional.
Sobre los motivos para presentar esta denuncia ante un tribunal laboral, Araya comentó a Radio Paulina que se debe a la “persecución” dirigida a su persona por parte de la directora del Servicio de Salud de Tarapacá.
También debido a situaciones que, según su criterio, están siendo “invisibilizadas” y tienen que ver directamente con “la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que están internados en el centro privativo de libertad y de reinserción”.
En esta línea, el funcionario apuntó a una “normalización del consumo de drogas” entre los internos, quienes ingresaban con síntomas de intoxicación, lo que incluso fue debatido en reuniones con varios servicios e instituciones como Senda y Gendarmería.
“Yo estaba trabajando ahí (unidad de hospitalización) y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegué a trabajar ahí era que había como una especie de normalización del consumo de drogas de los chicos que estaban ahí privados de libertad”, agregó.
Araya aseguró que, pese a que todos estaban al tanto de la situación preocupante, no se implementaron cambios efectivos en los protocolos, lo que llevó al profesional y a una colega a buscar otras instancias para encontrar una solución.
“Considerando que ya sabía reinserción, que ya sabía el Servicio de Salud, que ya sabía Senda, que incluso ya sabía Gendarmería, porque ellos también estaban presentes en las reuniones donde conversábamos esto, yo y y una colega decidimos que que en realidad ya habíamos agotado las instancias, porque ya todos los servicios involucrados estaban en conocimiento de esto que estaba pasando, y que a pesar de eso no había habido una respuesta satisfactoria”, acotó.
“Instrumentalización del procedimiento administrativo”
En la acción judicial también se menciona que “la directora del Servicio de Salud Tarapacá ha incurrido en una evidente desviación de poder, utilizando el procedimiento sumarial como herramienta de persecución y castigo” en especial “a quienes no se someten a sus órdenes o entran en conflicto con funcionarios de su confianza”
Según el documento, para tales efectos, Iturriaga dictó una Resolución Exenta para crear una “Unidad de Fiscalía Administrativa, dependiente directamente de su autoridad”. El demandante sostiene que dicha unidad “no existe” en la orgánica del servicio y que su “creación irregular” le otorga a la directora “un control absoluto sobre los sumarios administrativos e investigaciones sumarias”, desplazando la función de revisión de legalidad que corresponde al Departamento de Asesoría Jurídica de la institución, la que ha sido reducido a ser un “buzón de correspondencia”.
También advierte que “esta situación configura una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada como mecanismo de abuso y desviación de poder, al concentrar en la autoridad la facultad de instruir, supervisar y validar los procesos disciplinarios, sin contrapesos ni instancias de control de legalidad”.
Tras esta situación, el afectado indicó que Iturriaga ha llevado a cabo “una persecución sistemática” en su contra, suspendiendolo de su cargo sin justificación a través de un sumario administrativo “sin ningún argumento técnico”. Esta medida afectó el trabajo y la formación profesional del denunciante al ser privado de su período asistencial obligatorio. Según detalla, su suspensión se basó en “argumentos vagos” que lo han “estigmatizado”.
De igual forma, Araya menciona en la denuncia que la Asociación de Funcionarios FENATS solicitó aclaraciones sobre su situación, y en una reunión, la directora manifestó su descontento por no haber respetado el conducto regular, lo que llevó a la instrucción del sumario. Esto último causó una conmoción entre sus compañeros.
“La directora sra. María Iturriaga Lisbona, confirmó su profunda molestia con el suscrito, porque en su concepto no respeté el conducto regular, razón por la cual instruyó un sumario en mi contra para determinar mis responsabilidades administrativas derivadas de ello; permitiéndose incluso comentar aspectos del sumario, de mi suspensión inicial de funciones y de mi traslado total al Cosam Dr. Salvador Allende, lo que para ella representa el castigo que amerita mi conducta (estando el sumario aún abierto)”, se agrega en la demanda.
“Estilo autoritario y sectarismo”
En la demanda Araya acusa que Iturriaga, al asumir la dirección del Servicio de Salud Tarapacá, incorporó a personas cercanas de su círculo personal y político, la mayoría provenientes de Santiago y con vínculos políticos de derecha, mostrando un estilo de liderazgo proclive al “sectarismo” y “al nepotismo”.
El demandante resaltó la contratación de Sergio Tudela como Subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas y de María Soledad como Jefa de Gabinete, señalando que ambos tienen vínculos de amistad y laboral previos con Iturriaga.
Igualmente, se menciona la llegada de Valentina Ortega, a quien la directora regional supuestamente le creó “un cargo inexistente de Dirección de APS”, a pesar de su “limitada experiencia técnica” y directiva. En este punto, Araya evidenció una posible relación de “favoritismo”, donde se incluye el uso del término “tía” en su trato hacia Iturriaga.
“Se comenta que es hija de una amiga de la directora y cuando llega al Servicio de Salud Tarapacá, llama la atención que en reuniones de trabajo Valentina Ortega llama ‘tía’ a la directora, lo que denota una cercanía que va más allá de lo institucional”, añade.
En la demanda, Araya afirma que la directora del Servicio de Salud tiene un estilo “autoritario” y “sectario”, donde sus decisiones “se basan en chismes” y comentarios negativos sobre personas que no cumplen con sus órdenes.
El demandante acusa que hay un ambiente laboral “tóxico”, incluso menciona incidentes de acoso laboral hacia varios funcionarios, críticas públicas, desprestigio en la función pública y despidos humillantes como lo ocurrido con el ex jefe del Departamento de Salud Mental, José Vergara, a quien supuestamente la directora lo removió del cargo sin darle ninguna explicación, más que una instrucción verbal y comunicándole que tomara una caja para guardar sus cosas, ya que había sido nombrado otro profesional en su cargo.
En este sentido, Araya narra desde su propia experiencia una “falta de apoyo” en la gestión de problemas críticos, lo que resultó en un “acoso laboral institucional” y la suspensión de sus funciones sin justificación, afectando su dignidad y bienestar psicológico. El profesional también describe que sufrió una suspensión de funciones sin justificación, fue excluido de espacios de trabajo y recibió un trato degradante.
Indemnización
Las situaciones descritas en la denuncia fueron afectando el estado de ánimo del demandante y las conductas mencionadas configuraron “un ambiente hostil y de desvalorización profesional, vulnerando la honra y la salud psíquica del trabajador”.
El demandante sostiene que su empleador “ha vulnerado gravemente” sus derechos fundamentales, lo que ha provocado un daño moral profundo, más allá de las infracciones constitucionales y laborales típicamente cubiertas por el artículo 489 del Código del Trabajo.
En este sentido, el profesional pide una indemnización por daño moral de $200 millones o la suma que el tribunal determine y como medidas de reparación poner término a la investigación que se efectúa por el sumario administrativo instruido.
De igual forma, exige que se ordene un sumario para establecer las responsabilidades administrativas derivadas de la excesiva dilación del sumario administrativo interpuesto en su contra. También pide que el denunciante sea reintegrado a las funciones que cumplía en el dispositivo UCHIP y que la directora regional del Servicio de Salud de Tarapacá ofrezca una disculpa pública al denunciante y a su familia.
Respecto a las medidas de reparación, Araya sugirió que los implicados deberían recibir una capacitación sobre el uso adecuado de los instrumentos administrativos y solicitó una investigación sobre posibles faltas administrativas por parte de los directivos del servicio.
“Si esto es una es una conducta recurrente, creo que es importante que las personas implicadas en esta conducta recurrente al menos tengan alguna capacitación en relación a cómo se utilizan correctamente los instrumentos administrativos, apelando a que quizás lo hacen por desconocimiento y no por maldad (…) y en relación a las otras medidas, yo creo que es necesario investigar si es que las directoras mismas, por todos los motivos que he comentado”, añadió.
Por último, el funcionario manifestó su deseo de que se alcance la verdad y la justicia en su proceso administrativo. “Bueno y en realidad a mí lo que más me interesa es que se pueda llegar a la verdad, que se pueda llegar a la justicia”, acotó.
Respuesta del Servicio de Salud Tarapacá
Al ser consultados por esta denuncia, el servicio indicó a Radio Paulina que “los antecedentes mencionados corresponden a procesos internos actualmente en tramitación y que, por mandato legal, deben llevarse con estricta reserva”.
“Por ello, mientras estos no concluyan, el Servicio de Salud Tarapacá no puede referirse públicamente a su contenido ni a las circunstancias involucradas”, añadieron.
Asimismo, el servicio señaló que “como política institucional, no abordamos a través de la prensa materias internas ni procedimientos administrativos o judiciales en curso, resguardando así la confidencialidad, la imparcialidad y el debido proceso”.
Respecto de las afirmaciones realizadas por el denunciante sobre la “Unidad de Fiscalía Administrativa”, la entidad pública aclaró que “su creación tuvo por objeto fortalecer la tramitación disciplinaria mediante un equipo especializado, asegurando independencia, celeridad y rigurosidad técnica”.
En este sentido, remarcaron que “desde su implementación, se han concluido sumarios que por años estuvieron pendientes, sin que las revisiones de legalidad -internas, de Contraloría o judiciales- hayan detectado irregularidades”.
Por último, aseguraron que “la dirección no interviene en la tramitación de los procesos disciplinarios” y que “la ley establece que la jefatura superior resuelve únicamente sobre la base de los antecedentes del expediente y nunca por criterios arbitrarios. Una vez finalizados los procedimientos, y dentro de lo permitido por la normativa, se entregará la información correspondiente de manera transparente y oficial”.
