La sesión del viernes 12 de diciembre del Concejo Municipal de Pozo Almonte dejó de ser un trámite administrativo cuando el debate llegó al punto “Varios”. Allí, el conflicto que durante la semana se había instalado en redes sociales y medios locales se trasladó formalmente a la sala: la denuncia presentada por el concejal Francisco Cáceres ante la Contraloría General de la República por una supuesta irregularidad en el concurso que designó al nuevo Director de Administración y Finanzas (DAF) del municipio.
El alcalde Richard Godoy abrió las intervenciones defendiendo el proceso concursal. Aseguró que el municipio entregará una respuesta formal a Contraloría y manifestó su convicción de que el procedimiento se ajustó a derecho.
En su intervención, cuestionó la forma en que la denuncia fue expuesta públicamente antes de discutirse en instancias internas, señalando que las puertas del municipio “siempre han estado abiertas” para consultas de los concejales.
Godoy negó además haber instruido a funcionarios a no entregar información, precisando que solo se ha solicitado canalizar los requerimientos por vías formales. También advirtió que las acusaciones públicas no solo afectan a la institución, sino a las personas involucradas y su entorno familiar, deslizando que el conflicto podría estar vinculado al rol fiscalizador que ejercía el administrador en un proceso que involucraría a un familiar de un concejal, sin profundizar en ese punto.
La réplica desde el Concejo
La concejala Julia Encina respondió señalando que nunca ha afirmado la existencia de una irregularidad consumada y que será Contraloría la que determine si hubo o no infracciones. No obstante, sostuvo que el trabajo fiscalizador se vuelve complejo cuando oficios, puntos varios y solicitudes formales no reciben respuesta, lo que —según indicó— afecta directamente el rol del Concejo.
En la misma línea, el concejal Francisco Cáceres reafirmó que su denuncia se basa en una eventualidad de irregularidad y posible falta a la probidad, sin afirmar una vulneración explícita a la normativa. Rechazó motivaciones políticas o personales, descartó cualquier “hambre política”, y señaló que acatará íntegramente lo que determine la Contraloría.
El descargo del administrador y la acción por Ley Karin
El momento más tenso de la sesión se produjo cuando tomó la palabra el administrador municipal Juan Rojas, quien negó categóricamente todas las acusaciones en su contra, incluyendo una eventual participación en la elaboración de las bases del concurso, la integración de comisiones evaluadoras o faltas a la probidad.
Rojas afirmó que su nombre fue expuesto públicamente en redes sociales sin verificación previa ni instancias internas, generando —según indicó— un “juicio social” que derivó en hostilidad pública y afectación directa a su familia.
En ese contexto, informó que interpuso una denuncia ante la Contraloría Regional invocando la Ley Karin, dirigida específicamente contra el concejal Francisco Cáceres, por considerar que la exposición pública de su nombre y las acusaciones formuladas constituirían hostigamiento y vulneración a su honra funcionaria.
El administrador solicitó además medidas de protección como trabajador municipal, pidiendo que se evite cualquier nueva referencia pública a su persona mientras se desarrollan las investigaciones, y señaló que su acción busca no solo resguardar su integridad y la de su familia, sino también establecer límites al uso de redes sociales por parte de autoridades para realizar imputaciones sin un debido proceso.
Investigación en curso
Con ambas presentaciones ingresadas a Contraloría —la denuncia del concejal Cáceres y la acción del administrador por Ley Karin— será el ente fiscalizador el que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas en el proceso concursal y si se configuraron vulneraciones a la honra funcionaria o al marco de probidad administrativa.
Transmisión de la sesión del Concejo.
