El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile confirmó que no dictará antes del cambio de mando el reglamento de la Ley 21.553, conocida popularmente como la “Ley Uber”.
Con esta decisión, el gobierno del presidente Gabriel Boric dejó la definición de las exigencias técnicas y operativas al próximo Ejecutivo que encabezará José Antonio Kast.
Desde el ministerio reconocieron que la complejidad técnica de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, sumada a la presión de distintos gremios del transporte, impidió alcanzar un texto definitivo antes del 11 de marzo.
Al no existir reglamento vigente, varias de las medidas más debatidas quedan momentáneamente en pausa.
Entre ellas, los requisitos sobre la antigüedad de los vehículos, que se discutía limitar entre 7 y 10 años, así como las exigencias sobre cilindrada mínima de los automóviles, que se evaluaba fijar entre 1.4 y 1.5 litros.
También queda pendiente la eventual obligatoriedad de que todos los conductores cuenten con licencia profesional clase A, requisito que generó fuerte debate en el sector.
La falta de reglamento mantiene en suspenso el registro oficial de conductores y vehículos exigido por la ley, lo que implica que miles de trabajadores de plataformas como Uber, Cabify y DiDi continuarán operando bajo las condiciones actuales.
Mientras las plataformas valoraron la decisión porque les otorga más tiempo para adaptarse a la futura normativa, gremios de taxis básicos y colectivos criticaron la medida, calificándola como una irresponsabilidad que mantiene —según señalan— una competencia desleal en el transporte de pasajeros.
La definición final del reglamento quedará ahora en manos de la próxima administración, que deberá resolver uno de los temas más sensibles del sector del transporte en los últimos años.