Desde la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast presentó los lineamientos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada tras los incendios forestales que afectaron el centro-sur del país durante el último verano.
El plan contempla 40 medidas agrupadas en cinco ejes: reconstrucción física, reactivación económica, fortalecimiento institucional, ordenamiento fiscal y seguridad pública.
En materia de infraestructura y viviendas, el Ejecutivo anunció la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio para incendios, junto con una inyección adicional de 400 mil millones de pesos destinada a enfrentar las consecuencias del desastre.
Además, se proponen medidas de financiamiento como una rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, la facultad de Tesorería para condonar capital endeudado y un régimen de repatriación de capitales.
El proyecto también contempla medidas tributarias para incentivar la inversión y la actividad económica.
Entre ellas se incluye la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.
Asimismo, se plantea un subsidio para proteger el empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales para acelerar proyectos de inversión.
El plan también considera reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para reducir tiempos de tramitación y aumentar la certeza jurídica de los proyectos.
Entre las medidas se incluye el reforzamiento de la rectoría técnica del sistema, la agilización de concesiones marítimas y la creación de mecanismos de reembolso cuando el Estado anule resoluciones previamente otorgadas.
Ajustes fiscales
En el ámbito fiscal, el gobierno plantea contener el gasto público, incluyendo cambios en la Gratuidad Universitaria en Chile.
La propuesta considera limitar el beneficio a estudiantes menores de 30 años, frenar su extensión a nuevos deciles de ingreso y establecer una moratoria para la creación de nuevas universidades.
También se propone fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Finalmente, el plan incluye medidas orientadas a fortalecer la seguridad pública, como endurecer las penas por contrabando de cigarrillos y aumentar las sanciones al transporte ilegal de migrantes.
Además, se incorporan medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a prácticas de usura y crédito informal.
El proyecto será enviado al Congreso Nacional, donde deberá iniciar su tramitación legislativa.