El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió a las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular, señalando que el principal desafío ahora es definir qué ocurrirá con las personas que ya ingresaron al país.
En conversación con T13, la autoridad regional afirmó que en los últimos años se ha fortalecido el control en la frontera norte, especialmente tras el aumento de ingresos por pasos no habilitados registrado hace algunos años.
“Hace cuatro o cinco años no podíamos decirle a las familias que las fronteras estaban resguardadas. Hoy día hay un mayor control y los resultados han demostrado que tener personal militar, decretos y herramientas como la ley de infraestructura crítica aportan a ese control”, señaló.
No obstante, Carvajal indicó que el debate actual debe centrarse en la situación de los migrantes irregulares que ya se encuentran en territorio nacional.
En ese sentido, planteó que el Ejecutivo debe precisar si habrá procesos de empadronamiento, expulsiones o eventuales regularizaciones.
“Lo que a mí me gustaría mucho que el gobierno presentara en los próximos días es qué va a hacer el presidente José Antonio Kast con la migración irregular que entró a nuestro país y que hoy se encuentra en él”, sostuvo.
Impacto en servicios públicos
El gobernador también advirtió sobre la presión que, a su juicio, está generando la migración irregular en distintos servicios públicos de la región. Entre los ejemplos mencionó la demanda por cupos en jardines infantiles, así como la presión en áreas como salud, educación y vivienda.
En el caso de la salud, mencionó la situación del Hospital Regional de Iquique, donde indicó que una parte importante de los nacimientos corresponde a hijos de ciudadanos extranjeros.
Según la autoridad, esta situación puede generar tensiones sociales cuando las familias chilenas perciben dificultades para acceder a servicios públicos.
Carvajal también planteó que una de las principales interrogantes que existen hoy es si el gobierno implementará expulsiones masivas o políticas migratorias con metas claras. “Necesitamos saber si se van a hacer expulsiones, cuáles van a ser las métricas. ¿Van a ser diez mil al año, veinte mil al año? Esas son definiciones importantes”, señaló.
Al mismo tiempo, advirtió que la política migratoria también debe considerar la realidad productiva de algunas zonas del país.
En el caso de Tarapacá, explicó que existe población migrante, especialmente boliviana, que trabaja en actividades agrícolas, por lo que cualquier medida debe analizar también el impacto en esos sectores. “El desafío hoy es definir una política migratoria clara para todo el país”, concluyó.