Este jueves fue formalizado el ex presidente del Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá, Fernando Ruiz Moraga, por los delitos de estafa y administración desleal, en el marco de una investigación que lo vincula con la adjudicación de millonarios proyectos a empresas de su propiedad o directamente relacionadas con él, provocando un perjuicio a la institución superior a los $800 millones.
El fiscal de delitos económicos, Juan Zepeda, informó que los hechos fueron detectados a inicios del año 2022, tras una auditoría interna realizada al Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá.
En dicha instancia se estableció que el imputado, aprovechando su calidad de presidente de la entidad y miembro del Directorio de la Junta Nacional de Bomberos, habría adjudicado proyectos a empresas en las que mantenía participación societaria o vínculos directos, recibiendo finalmente los recursos asociados a dichas iniciativas.
De acuerdo con la investigación, el imputado desde el año 2017 hasta su destitución, abusando de su cargo e incumpliendo sus deberes, utilizó información privilegiada y obtuvo una ventaja indebida para adjudicarse más de diez proyectos mediante empresas relacionadas con su persona, las cuales aparentemente competían entre sí y con terceros, simulando un proceso de selección legítimo.
Además, se verificó que algunas de estas adjudicaciones se realizaron con valores sobre el precio de mercado y que ciertas obras fueron ejecutadas de manera parcial, deficiente o derechamente inexistentes.
Las cuatro empresas involucradas corresponden a All Global Services, Ingeniería y Construcción JCL Ltda., Sociedad Constructora Puchuldiza Ltda. y Servicios Cristian Rosas, las cuales se adjudicaron proyectos destinados a reparaciones en compañías de Bomberos de la región y adquisición de insumos, generando un perjuicio total que asciende a $861.800.816.
En la audiencia, en la que participó como querellante la Junta Nacional de Bomberos, el fiscal presentó diversos antecedentes documentales, entre ellos pericias contables realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), que permitieron acreditar irregularidades en los procesos de adjudicación y ejecución de los proyectos.
Por último, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el imputado, fijando un plazo de investigación de 180 días.