La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para las comunidades educativas y que quedó lista para su promulgación.
El proyecto busca fortalecer las herramientas de los establecimientos educacionales para enfrentar hechos de violencia al interior de colegios y liceos, resguardando el derecho a la educación y la convivencia escolar.
Durante el debate parlamentario, los legisladores coincidieron en que la violencia escolar afecta directamente los procesos de aprendizaje y valoraron que la iniciativa incorpore nuevos mecanismos de prevención y actuación frente a situaciones de riesgo.
Uno de los aspectos centrales de la normativa permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo expresamente las vestimentas.
Asimismo, las modificaciones realizadas por el Senado establecen que también se podrá solicitar a los alumnos mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos.
En caso de encontrarse elementos potencialmente peligrosos, los establecimientos deberán informar de inmediato a los padres o apoderados y dar cuenta de la situación a Carabineros o la Policía de Investigaciones.
La ley también regula los casos en que un estudiante se niegue a la revisión. Si la negativa persiste incluso en presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias desde el establecimiento y la situación deberá ser informada a la Oficina Local de la Niñez.
Restricciones a la gratuidad
Otro de los puntos aprobados establece que no podrán acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la propiedad.
En este último caso, la restricción se aplicará cuando los delitos hayan sido cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o en sus inmediaciones.
Sanciones para agresores
La normativa también contempla que los adultos condenados por agresiones contra docentes o asistentes de la educación no podrán celebrar contratos con el Estado durante un período de tres años.
Además, los reglamentos internos podrán restringir el ingreso a establecimientos educacionales de padres o apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
La ley incorpora un sistema de aplicación gradual de sus disposiciones, en coordinación con la implementación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.