La Contraloría General de la República rechazó tomar razón del nuevo reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como “Ley Uber”, al detectar una serie de deficiencias en la propuesta presentada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas.
A través de un oficio, el organismo fiscalizador concluyó que el texto eliminaba y flexibilizaba exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados al transporte de pasajeros sin acompañar antecedentes suficientes que justificaran dichas modificaciones.
Entre las observaciones formuladas por Contraloría figura la reducción o eliminación de requisitos relacionados con la antigüedad máxima de operación, antigüedad mínima para la inscripción de vehículos y cilindrada mínima exigida para prestar servicios mediante aplicaciones.
Según el órgano encabezado por Dorothy Pérez, la propuesta carece de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que expliquen adecuadamente las razones de estos cambios.
La iniciativa presentada por la administración del Presidente José Antonio Kast buscaba modificar aspectos del reglamento elaborado durante el gobierno anterior, que apuntaba a equiparar las exigencias entre taxis y vehículos de plataformas digitales.
Al presentar la propuesta en abril pasado, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, sostuvo que las modificaciones pretendían reducir barreras de entrada al sistema y evitar efectos negativos sobre el empleo.
Sin embargo, Contraloría advirtió que no existen antecedentes suficientes que respalden técnicamente esa decisión.
El organismo sostuvo que la rebaja de exigencias podría traducirse en una disminución de los estándares de calidad que actualmente reciben los usuarios de estos servicios de transporte.
Falta de consulta pública
Otro de los cuestionamientos planteados por Contraloría apunta a la ausencia de un proceso de consulta pública previo a la elaboración del reglamento.
En el oficio, la entidad recordó que los actos administrativos deben estar debidamente fundamentados para evitar decisiones arbitrarias o situaciones que eventualmente puedan interpretarse como una desviación de poder.
Con este pronunciamiento, el Ministerio de Transportes deberá corregir las observaciones formuladas si pretende continuar con la tramitación del reglamento.