La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que prohíbe el porte y la tenencia de armas de fuego a personas condenadas o sometidas a procesos por violencia intrafamiliar (VIF), dejando la iniciativa en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República.
La propuesta, originada en una moción encabezada por la diputada Lorena Fries, modifica diversas normas legales con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la presencia de armas de fuego en contextos de violencia familiar.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto incorpora como presunción de riesgo inminente el hecho de que una persona denunciada por violencia intrafamiliar posea armas inscritas.
En esos casos, los tribunales podrán decretar como medida cautelar la prohibición de porte y tenencia de armas, además de ordenar su decomiso preventivo.
La nueva legislación permitirá que los jueces de familia accedan a los registros de la Dirección General de Movilización Nacional para verificar si una persona denunciada posee autorización para portar o mantener armas de fuego.
Asimismo, establece que quienes sean condenados por violencia intrafamiliar quedarán inhabilitados para mantener armas, ordenándose su decomiso inmediato.
La resolución deberá ser comunicada a la Dirección General de Movilización Nacional y a Carabineros, institución que tendrá la responsabilidad de incautar las armas, municiones y cartuchos que se encuentren en posesión del condenado.
En caso de que el involucrado pertenezca a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI o Gendarmería, la información será remitida a la institución correspondiente para los efectos administrativos y disciplinarios que procedan.
Medidas preventivas
El proyecto también contempla restricciones para personas que aún se encuentren siendo procesadas en tribunales de familia, cuando las armas estén en el domicilio compartido con la víctima o hayan sido utilizadas para intimidar o amenazar.
Además, si existen antecedentes que hagan presumir la existencia de armas ilegales, el juez podrá remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie una investigación penal.
Durante la discusión parlamentaria, los legisladores destacaron que la presencia de armas de fuego aumenta significativamente la gravedad y letalidad de los hechos de violencia intrafamiliar y femicidios.
La iniciativa fue aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras y quedó lista para convertirse en ley de la República.
