El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este jueves la firma del proyecto de ley de Responsabilidad Parental, iniciativa que busca fortalecer el rol de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños, niñas y adolescentes.
La actividad se desarrolló en la Municipalidad de Independencia y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el alcalde Agustín Iglesias; parlamentarios y vecinos de la comuna.
La propuesta establece mecanismos destinados a promover una crianza responsable, prevenir situaciones de riesgo y reforzar la intervención temprana cuando existan señales de vulnerabilidad en menores de edad.
Durante la ceremonia, el Mandatario sostuvo que el proyecto apunta a fortalecer el compromiso familiar en el desarrollo de los hijos.
“Queremos que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos. Antes que cualquier institución, son los padres y muchas veces los abuelos quienes guían los primeros pasos de un niño”, afirmó.
La iniciativa contempla la creación de mecanismos que permitan a los tribunales de familia actuar de manera más rápida frente a situaciones de riesgo.
Entre las medidas consideradas se incluyen programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica y psiquiátrica, además de sanciones proporcionales para quienes incumplan gravemente sus responsabilidades parentales.
Asimismo, el proyecto crea un procedimiento especial para agilizar la intervención judicial y facilitar la reparación de víctimas mediante mecanismos que permitan indemnizar daños ocasionados por menores de edad cuando corresponda.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, entregó más detalles de la iniciativa próxima a ingresar al Congreso Nacional.
Desde el Ejecutivo destacaron que la propuesta busca instalar una cultura de corresponsabilidad familiar, poniendo énfasis en la prevención y el acompañamiento antes de que los conflictos escalen.
El proyecto también resguarda el interés superior de niños, niñas y adolescentes como principio rector de las decisiones que adopten los tribunales y las instituciones involucradas.
La iniciativa comenzará ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.