La investigación que busca esclarecer la situación de decenas de niños y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile durante los últimos años y cuyo paradero no ha podido ser verificado por las autoridades, continúa generando repercusiones. Esta vez, fueron representantes de la comunidad haitiana residente en el país quienes manifestaron su preocupación por el desarrollo del proceso y solicitaron ser incorporados a las instancias de coordinación.
William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, afirmó que existe incertidumbre respecto de los antecedentes que se han conocido públicamente.
“No sabemos a quién creer”, señaló, cuestionando las distintas cifras que han circulado sobre la cantidad de menores involucrados.
Según explicó, mientras algunas versiones hablan de poco más de un centenar de niños, otras elevan considerablemente ese número, generando confusión entre las familias.
Los dirigentes haitianos sostienen que la mayoría de los menores llegó al país mediante procesos formales de reunificación familiar, utilizando visas otorgadas por el Estado chileno.
Explican que la crisis política y de seguridad que afecta a Haití, junto con la escasez de vuelos comerciales hacia Puerto Príncipe, llevó a muchas familias a recurrir a vuelos chárter organizados por operadores privados para concretar los viajes de sus hijos.
Según relatan, estos traslados se realizaban con documentación legalizada y autorizaciones emitidas tanto en Haití como en Chile.
Otro de los puntos que destacan es que, hasta ahora, las organizaciones haitianas no han recibido denuncias de padres que aseguren que sus hijos nunca llegaron a destino o que fueron entregados a terceras personas.
David Antoine, activista haitiano en Chile, aseguró que la noticia generó sorpresa dentro de la comunidad y que se han iniciado campañas internas para recopilar información sobre posibles afectados.
“Hasta ahora no hemos recibido denuncias de ese tipo”, afirmó.
Los dirigentes también plantean que parte de las dificultades para ubicar a algunos menores podrían estar relacionadas con la falta de actualización de domicilios en los registros públicos.
Explican que muchas familias cambian de residencia después de obtener permisos migratorios o cuando logran reunir a sus hijos en Chile, situación que podría generar diferencias entre los registros oficiales y los lugares donde efectivamente viven.
Una visión similar expresó la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, quien advirtió que la falta de interoperabilidad entre bases de datos estatales podría explicar parte de las discrepancias.
La principal demanda de la comunidad haitiana es ser incorporada a los espacios de coordinación que actualmente desarrollan el Gobierno y los organismos encargados de la investigación.
“No hemos recibido ninguna notificación ni invitación a participar”, sostuvo Pierre, quien aseguró que las organizaciones podrían colaborar identificando familias, verificando antecedentes y facilitando el contacto con personas vinculadas a los casos investigados.
Mientras la Fiscalía continúa recopilando antecedentes para determinar si existieron delitos como trata de personas o tráfico de migrantes, los dirigentes insisten en que quieren colaborar con las autoridades y evitar que se generen generalizaciones sobre toda la comunidad haitiana residente en Chile.