Con el objetivo de proteger y promover las tradiciones religiosas, culturales y patrimoniales que forman parte de la identidad de la región de Tarapacá, la senadora Danisa Astudillo (PS) presentó un proyecto de ley que modifica la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, para excluir de sus obligaciones a las festividades religiosas y culturales tradicionales.
La iniciativa surge a raíz de las dificultades que enfrentan diversas comunidades a lo largo del país para organizar celebraciones históricas debido a las exigencias contempladas en la normativa vigente para eventos masivos, tales como la contratación de seguridad privada, sistemas de vigilancia, seguros y otras medidas que implican altos costos para organizaciones comunitarias y religiosas.
Entre las festividades que podrían verse beneficiadas por esta modificación se encuentran La Tirana y San Lorenzo en la Región de Tarapacá, pero también a nivel nacional: la Virgen de Andacollo en Coquimbo, la Virgen de la Candelaria en Atacama, Cuasimodo en la zona central, la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, San Sebastián de Yumbel, el Nazareno de Caguach en Chiloé, además de celebraciones tradicionales como la Cruz de Mayo y San Pedro que se desarrollan en distintas localidades del país.
La propuesta incorpora expresamente una excepción para aquellas festividades religiosas o culturales tradicionales de carácter comunitario, patrimonial o costumbrista, cuyo desarrollo responda principalmente a manifestaciones religiosas, culturales o comunitarias de arraigo histórico y territorial.
La senadora Danisa Astudillo explicó que “las fiestas religiosas y culturales tradicionales son parte del patrimonio vivo de nuestras comunidades. Son expresiones de fe, identidad y encuentro comunitario que han trascendido generaciones y que no pueden verse amenazadas por exigencias administrativas y económicas pensadas para otro tipo de eventos. Con este proyecto buscamos resguardar nuestras tradiciones y facilitar que las comunidades puedan seguir organizándolas”.
Astudillo agregó que “este proyecto no elimina la coordinación con las autoridades. Las festividades seguirán trabajando junto a municipios, delegaciones presidenciales, Carabineros, servicios de salud, Bomberos y organismos de emergencia, tal como ocurre actualmente. Lo que hacemos es reconocer que estas actividades tienen un carácter comunitario y patrimonial que requiere un tratamiento distinto al de los eventos masivos de carácter comercial”.
La moción establece además que la exención operará sin perjuicio de las competencias que mantienen las autoridades en materias de orden público, seguridad pública, tránsito, salud, protección civil y gestión de emergencias.
La iniciativa busca contribuir a la preservación de las tradiciones culturales y religiosas del país, fortaleciendo el patrimonio inmaterial de las comunidades y facilitando la realización de celebraciones que forman parte de la historia y la identidad de Chile.