La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó el estudio del proyecto de ley que busca fortalecer el ejercicio de la responsabilidad parental, iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de prevenir la participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos.
La propuesta fue presentada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien señaló que, si bien la legislación vigente establece deberes para los padres respecto de sus hijos, actualmente no existe un mecanismo que incentive su participación activa en la orientación y acompañamiento de los menores antes de que sus conductas deriven en delitos.
El proyecto reconoce el derecho preferente de los padres a definir normas de conducta para sus hijos, pero también promueve la corresponsabilidad en la crianza, incluso cuando exista cese de convivencia entre los progenitores.
Entre sus principales medidas, la iniciativa crea un procedimiento especial ante los tribunales de familia, que permitirá ordenar la participación de padres, madres o cuidadores en programas de habilidades parentales, revinculación familiar o atención psicológica, cuando existan conductas de riesgo en niños, niñas o adolescentes.
Asimismo, el tribunal podrá aplicar multas de manera gradual si determina que los responsables han incumplido sus deberes de cuidado y orientación. En casos más graves, podrá adoptar otras medidas cuando dicho incumplimiento afecte el interés superior del menor.
Durante la discusión, los integrantes de la comisión manifestaron respaldo al enfoque preventivo del proyecto, aunque expresaron inquietud por la capacidad del sistema para implementar los programas de intervención, considerando la actual sobrecarga de los servicios especializados y la ausencia de recursos adicionales en la iniciativa.
El ministro de Justicia se comprometió a revisar ese aspecto para asegurar que las medidas puedan ejecutarse de manera efectiva.
Los parlamentarios también plantearon la necesidad de reforzar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos durante el procedimiento y de revisar la proporcionalidad de las sanciones económicas, con el fin de evitar efectos desproporcionados sobre las familias más vulnerables o que las multas pierdan efecto disuasivo en hogares de mayores ingresos.