Este lunes el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional que da sustento a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública y enfrentar con mayor firmeza las organizaciones criminales.
La iniciativa crea un nuevo Estado de Excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública y permite que el jefe de Estado decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales.
Esta medida tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Además, este estado de excepción establecerá controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones.
Asimismo, se creará un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas y se establecerán regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas y se facilitaría la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
Durante la actividad, el mandatario relevó la importancia de la seguridad para recuperar la tranquilidad de la gente y advirtió que la falta de esta puede amenazar la democracia, dando como ejemplo que el crimen organizado puede tomar control de territorios y afectar instituciones.
“Ha cambiado la mano. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas. Bien lo señalaba el ministro, no hay libertad sin seguridad. Incluso se pone en riesgo la democracia si no hay seguridad y eso lo hemos visto en otros países de manera dramática, cómo el crimen organizado va ocupando territorios completos y se pone al mismo nivel del Estado, con el mismo poder de fuego, con influencia lamentablemente en instituciones que son permeadas por el crimen organizado”, agregó.
Desde el Ejecutivo indicaron que la ACOT es una robusta agenda que contempla el trámite de más de 20 proyectos de ley que ya están en el Congreso y el ingreso de, al menos, una docena más.
La propuesta prioriza la gestión operativa y la agenda legislativa contra el crimen, con resultados en la reducción de delitos. No es una megareforma constitucional, sino cambios acotados para reconocer la seguridad pública como deber estatal, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y crear un estado de excepción con nuevas herramientas, incluida la colaboración militar.
Luego de la firma del proyecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó los alcances de la iniciativa y descartó que se trate de una “megarreforma constitucional” tras los dos procesos constituyentes fallidos desarrolladas entre 2019 y 2023.
“Esto no es una megarreforma constitucional, como se plantean en esos procesos que hubo y que tanta inestabilidad trajeron a nuestro país. Son tres aspectos muy puntuales, pero tremendamente trascendentes en términos de seguridad. Establecer la seguridad pública como un deber del estado, después crear listados de organizaciones terroristas o de crimen organizado, para que no se tenga que probar en cada proceso la existencia de tal, pero que exista el delito de pertenencia con penas altas, régimen penitenciario, cosas muy acotadas”, agregó.
Al ser consultado sobre la preparación de las Fuerzas Armadas para este nuevo estado de excepción, el ministro dijo que lo relevante es que la medida entrega herramientas transitorias excepcionales como la interceptación de las telecomunicaciones y la incautación temprana de la propiedad de las organizaciones criminales.
“Esas herramientas no están en el ordenamiento constitucional. Y lo otro es que, por supuesto, se deja abierta la puerta para que puedan colaborar las fuerzas armadas en cuanto a operaciones, a copamientos, a inteligencia, a ciertas habilidades y medios específicos que ellos tienen, porque estas son operaciones muy acotadas. No se refiere a orden público, para eso existe el estado de excepción de emergencia, y está la discusión de la regla de uso de la fuerza y muchas otras cosas que son parte ya del paisaje”, añadió.