El Gobierno manifestó su disposición a introducir cambios a la reforma constitucional de seguridad, luego de una reunión de cerca de dos horas entre el biministro del Interior y secretario general de Gobierno , Claudio Alvarado, y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD).
El encuentro se desarrolló en medio de las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para conseguir los respaldos necesarios para aprobar la idea de legislar y de los llamados realizados desde distintos sectores para retirar la iniciativa.
Uno de los principales puntos de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, contemplado como una herramienta para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta ha generado cuestionamientos, entre otras materias, por las facultades que entregaría al Presidente de la República, la posibilidad de interceptar comunicaciones y la extensión de algunas medidas por hasta 240 días.
Tras la reunión, Alvarado reconoció que existen aspectos que deben ser revisados y señaló que la Comisión de Constitución del Senado será el espacio donde el Ejecutivo buscará alcanzar acuerdos para una nueva redacción.
“Coincidimos en que hay que hacer mejoras”, sostuvo el biministro, agregando que respecto del estado de excepción se requiere una revisión para que cuente con “los controles suficientes y necesarios, tanto políticos desde el Parlamento, como también desde el ámbito judicial”.
Pese a los llamados para retirar la iniciativa, entre ellos el realizado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), Alvarado descartó por ahora esa alternativa y afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando el proyecto en el Congreso.
Araya no respaldará el estado de excepción en su redacción actual
El senador Pedro Araya mantuvo sus cuestionamientos y reiteró que considera que el texto presentado por el Ejecutivo necesita una revisión profunda.
“El estado de excepción que se está planteando en la forma que está, yo no estoy disponible a votarlo”, afirmó.
Sin embargo, el parlamentario abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante una actualización de los estados de excepción actualmente existentes, incorporando herramientas para enfrentar nuevas amenazas a la seguridad.
Araya señaló que una propuesta que establezca claramente las atribuciones de la autoridad y contemple controles políticos y judiciales podría contar con su respaldo.
De esta manera, Gobierno y oposición acordaron trasladar la discusión a la Comisión de Constitución del Senado, donde se buscará consensuar modificaciones antes de someter la reforma a votación.
El debate, sin embargo, no comenzaría antes de la segunda semana de septiembre, debido a que la comisión priorizará primero la tramitación de la nueva legislación sobre Responsabilidad Penal Adolescente.