La iniciativa del Ejecutivo, presentada a través del informe de la Comisión de Educación, que rindió el diputado Luis Pardo (RN), busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.
Al mismo tiempo, pretende salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.
De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.
El director también tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.
Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones.
Por último, se establece que los establecimientos educacionales regidos por las normas sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deben actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de esta ley en un plazo de noventa días, a partir de su publicación.
Cabe recordar que, durante el trámite en la Comisión de Educación de la Cámara, los parlamentarios ratificaron el texto aprobado por el Senado, ya que, desde un sector, aseguraron, mejoraba de manera importante el documento original.
En la sesión de hoy, los diputados hicieron presente sus fundamentos llamando, desde el oficialismo, a recobrar el rol de la autoridad y, desde un sector de la oposición, a conversar y a dialogar como el camino para terminar con los actos de violencia al interior de los establecimientos.
Por su parte, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, reiteró su interés por proteger el derecho a la educación de todos los estudiantes y aseguró que las medidas tomadas van en directo beneficio de le educación pública.
Asimismo, la Secretaria de Estado valoró el acuerdo alcanzado con la gran mayoría de las coaliciones políticas, las que, reafirmó, no quieren más violencia en las escuelas y que se respete a los profesores y estudiantes.
La iniciativa fue aprobada en general por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, mientras que en particular tuvo siete votaciones separadas que fueron apoyadas por mayoría.
