El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique ha desarrollado, a la fecha, 29 audiencias de juicio oral bajo sistema de videoconferencia, en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
El juez presidente del tribunal, Andrés Provoste Valenzuela, detalló que “se trata en su mayoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, que tiene una alta tasa de incidencia en nuestra región dadas sus especiales características”.
“Buscamos entonces realizar juicios en ciertas causas como éstas, donde no se requiere la presencia de personas físicas en el tribunal, esto es donde no hay una víctima precisa y determinada, como sucede en las causas de tráfico, y donde los testigos no son personas civiles, sino que funcionarios públicos, como es el caso de miembros de Carabineros, Investigaciones y también funcionarios del Servicio Nacional de Aduana, los cuales prestan declaración desde sus propias dependencias”, agregó.
El magistrado Provoste explicó que los funcionarios públicos intervinientes “se identifican a la pantalla, exhibiendo su cédula de identidad. Muchas veces también nos han ayudado muchos jefes de servicios o jefes de sus dependencias, los cuales actúan como ministros de fe y dejan constancia que la persona que está ahí frente a la cámara es un funcionario de su institución y de esa forma entonces, puede prestar declaración y se desarrolla este juicio tan especial”.
Resaltó que esta labor se ha podido desarrollar “gracias al apoyo y coordinación permanente que hemos tenido con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Ellos han sido muy generosos en términos de flexibilizar sus posiciones y reorientarse para permitir la realización de este tipo tan especial de audiencia de juicio”.
Sobre la planificación para las próximas semanas, el magistrado sostuvo que “el desafío que nos queda, es poder desarrollar juicios con una mayor dificultad en su desarrollo y puesta en marcha y que eventualmente puedan requerir la presencia de personas en su puesta en marcha y que eventualmente pueda requerir la presencia de personas en el tribunal, ello en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan, la idea no es poner en riesgo la salud de las personas ni de los miembros del tribunal, de los funcionarios, de los intervinientes, ni de ninguna persona que por cualquier razón tenga que comparecer a una audiencia de juicio oral”.
“El tribunal está comprometido en dar los pasos para prestar el servicio judicial que consideramos tan necesario para nuestra región y para nuestro país”, recalcó.
