En el penúltimo lugar de la tabla del pleno del Tribunal Constitucional (TC) del próximo 20 de mayo aparece la revisión de la solicitud de Chile Vamos que busca destituir al diputado comunista Hugo Gutiérrez.
La tramitación de este requerimiento se da luego que el propio parlamentario se querellara por cohecho en contra de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez tras los polémicos dichos de la presidenta del organismo Maria Luisa Brahm sobre la demora en tramitación de causas “al límite de la corrupción”. Por tal motivo ambos jueces deberán decidir si se inhabilitan o no de conocer el recurso oficialista debido a que podría existir una causal de implicancia, ya que la querella de Gutiérrez fue declarada admisible por la justicia y ahora el parlamentario busca una sanción contra ambos ministros.
El diputado Gutiérrez no se ha hecho parte en la causa, ya que no pretende defenderse ya que ha dicho que no reconoce la legitimidad del TC. El abogado penalista Fernando Monsalve -quien se querelló a nombre del parlamentario comunista contra los jueces- sostuvo “ el diputado no le ha reconocido legitimidad al TC para efectos de vulnerar la soberanía y voluntad popular y el TC incluso en contra de su propia jurisprudencia, ha negado a decenas de organizaciones sociales hacerse parte, presentar descargos, alegatos y argumentación por el interés público de la causa , por lo cual no es de extrañar que cuando están siendo investigados por corrupción, busquen acelerar esta causa como chivo expiatorio. El requerimiento sigue siendo una aberración jurídica, un absurdo, pero el TC es un tribunal político y de esa forma está actuando”.
El requerimiento presentado por diputados de Chile Vamos tiene su origen en unos dibujos de niños que Gutiérrez subió a su cuenta Twitter en que se agredía la figura del Presidente Sebastián Piñera. Pese a que el parlamentario luego pidió disculpas, la arremetida de los parlamentarios oficialistas apuntó a que “el diputado incurrió en la causal de cesación contemplada en el artículo 60, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, específicamente, el haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público”.