La Corte Suprema rechazó recurso de unificación de jurisprudencia y confirmó la sentencia que acogió la demanda de tutela laboral presentada en contra de la Gobernación Provincial de Arica.
En fallo unánime (causa rol 22.396-2019), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Mauricio Silva Cancino, Jorge Zepeda y el abogado (i) Leonor Etcheberry– confirmó la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que desestimó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la resolución de primera instancia que rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva y acogió la demanda de tutela laboral.
“Que, como se observa, se constata que respecto de la materia de derecho debatida que es objeto del juicio, efectivamente hay pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, pues la sentencia impugnada indicó que la alegación formulada carece de relevancia, toda vez que resultó ser un hecho no discutido que el actor señaló expresamente que la gobernadora era representada judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado y en el caso en estudio el demandante laboraba en la Gobernación Provincial de Arica y es a dicho organismo representado por su Gobernadora a quien se tenía que demandar”, consigna el fallo.
La resolución agrega que: “el concepto de legitimación pasiva ha sido entendido como aquella cualidad que debe tener el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que -conforme a la ley sustancial- está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra”.
“Que esta Corte estima que la circunstancia que se haya dirigido la demanda en contra de la Gobernación Provincial de Arica, no impidió el establecimiento de una relación procesal con el Fisco de Chile, por cuanto en la demanda se señaló que es representada judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado, organismo que asumió la representación y contestó la demanda, lo que da cuenta que fue emplazado válidamente, y, además, será el erario fiscal quien soportará la condena impuesta”, añade.
