Por los delitos de robo con intimidación y receptación de vehículo formalizó la Fiscalía de Iquique al imputado Juan Rojas González, quien habría robado una camioneta de una empresa amenazando al chofer con un arma de fuego y posteriormente, habría sido detenido por Carabineros con otras cuatro camionetas de la misma víctima, que habían sido sustraídas el fin de semana.
En la audiencia de formalización, la fiscal (s) María Alejandra Jorquera explicó que la mañana de ayer (lunes), un trabajador de una empresa que ofrece servicios a la minería, llevó una camioneta Dodge, modelo Ram, hasta el servicentro Copec, ubicado en calle Aníbal Pinto, para llenarla con combustible y luego fue hasta calle Wilson para cargar algunos elementos personales. En ese momento, fue abordado sorpresivamente en el asiento delantero por el imputado, ex pareja de la dueña de la empresa, quien lo apuntó con un arma de fuego diciéndole “si intentas hacer algo extraño, te reviento”, obligándolo a conducir hasta calle Céspedes y González, y antes de llegar a la intersección de calle Ramírez, le indicó que se detuviera para que cambiaran de puesto, momento en que la víctima aprovechó para huir, mientras el imputado se llevó la camioneta.
La Fiscalía señaló que la dueña de la empresa denunció además que durante el fin de semana habían sustraído desde un galpón otras diez camionetas y varias especies como computadores, impresoras y soldadoras, todas avaluadas en 250 millones de pesos; indicando que sospechaba de su ex pareja, ya que mantenían problemas por el término de la relación y por la empresa. Una vez que personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros detuvo al imputado ingresando a su domicilio, ubicado en un edificio del sector céntrico de Iquique, encontró en el estacionamiento cuatro de las camionetas sustraídas. Además, el vehículo robado en la mañana se halló estacionado en la vía pública y también se recuperaron parte de las especies sustraídas el fin de semana.
Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, petición que no fue acogida por el juzgado de garantía, por lo que la persecutora apeló verbalmente y será la Corte de Apelaciones la que resuelva si el imputado quedará privado de libertad o con medidas cautelares mientras dura la investigación.
