Por el delito de incitar, promover, solicitar u organizar a los electores para que modifiquen su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos, fueron formalizados por la Fiscalía de Iquique el actual alcalde de Huara, José Bartolo Vinaya, y el ex candidato a concejal por la misma comuna Esteban Araya Fortes. Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional.
En la audiencia de formalización, la fiscal Priscilla Silva señaló que los hechos ocurrieron el año 2016, cuando ambos imputados se presentaron como candidatos en las alecciones municipales de la comuna de Huara, que se realizarían el 23 de octubre de ese mismo año. El imputado José Bartolo como candidato a alcalde y Esteban Araya a concejal.
La Fiscalía señaló que previo a los comicios y con el objeto de asegurar su elección en los cargos a los que postulaban, los imputados incitaron, solicitaron y organizaron a personas que conocían para que cambiaran su domicilio electoral a Huara, pese a que no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley Electoral, específicamente en lo que se refiere al domicilio personal y laboral que éstas realmente tenían, que correspondían a la comuna de Iquique y Alto Hospicio, y no a Huara.
Es así que, de acuerdo al relato de la Fiscalía, el imputado José Bartolo, aprovechando su calidad de profesor de la carrera de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, habría solicitado a sus alumnos que se cambiaran de domicilio electoral a Huara – pese a que sabía que ninguno de ellos tenía un vínculo electoral con la comuna-, proporcionándoles un domicilio en dicha localidad para que lo señalaran al momento de pedir el cambio, logrando que varios de ellos concurrieran a votar electivamente por él en la elección de octubre.
Por su parte, el imputado Esteban Araya, quien vivía en la población Jorge Inostroza de Iquique, también le solicitó a sus vecinos que cambiaran su dirección electoral, entregándoles una dirección en Huara para que pidieran el cambio, e incluso, proporcionándoles medio de transporte para que fueran a votar el día de las elecciones.
La fiscal Silva recalcó que “el domicilio electoral que establece la ley es aquel con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, ya sea porque reside habitual o temporalmente en él, ejerce su profesión u oficio, o desarrolla sus estudios en él, presupuestos que no se cumplían en el caso de los electores a quienes los imputados solicitaron efectuar los cambios”.
La Fiscalía, junto al abogado del querellante, el diputado Hugo Gutiérrez, dio cuenta en la audiencia de las diligencias realizadas con la Policía de Investigaciones a la fecha, como la toma de declaraciones de los electores involucrados en los hechos y la obtención de las solicitudes de cambio de domicilio de los mismos, aunque indicó que aún quedan personas por entrevistar.
Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, el juzgado de garantía decretó arraigo nacional para los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
