Un nuevo revés enfrentaron esta jornada las defensas del Presidente Sebastián Piñera y del exministro Jaime Mañalich, en el marco de la indagatoria desformalizada que lleva adelante el Ministerio Público por la presunta negligencia de las autoridades en el manejo de la pandemia. Esto, luego de que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago rechazara las solicitudes de cautela de garantía que expresaron sus abogados.
En la audiencia, los representantes del Mandatario y del exjefe del Minsal, alegaron no tener acceso completo e inmediato a los antecedentes de la carpeta investigativa del caso, acusaron “ocultamiento grave de información” por parte del Ministerio Público, y expusieron su disconformidad por lo que consideran filtraciones de información, por lo que exigieron que los documentos de la carpeta llevasen timbre de agua.
Pese a la dureza de las exposiciones, el juez las desestimó. En primer lugar estableció que no es posible dar constancia “tan pronto tuvieren lugar” las diligencias, porque para ser incorporadas al sistema, las declaraciones deben ser firmadas por los testigos. En segundo punto se descartó que exista ánimo de “ocultamiento”, y se manifestó que los retrasos para acceder a algunos datos se han producido por el volumen de los mismos. Y en tercer término, se rechazó la idea de incorporar sello de agua a los informes buscando evitar filtraciones, ya que se entiende que el proceso es digital. Por lo demás, el juez estimó que los datos que se han divulgado en la prensa puede ser conocidos por todas las partes, por lo que no se podría atribuir las filtraciones a alguien en particular.
Ante estos argumentos los denunciados ciertamente no quedaron conformes, y como aseguraron a este medio conocedores del caso, estiman que el juez sigue el comportamiento malicioso que, hasta ahora, atribuyen al fiscal a cargo “que lo busca es coartar los derechos y las garantías de los perseguidos”. Estiman que la indagatoria es totalmente “ridícula”, porque Chile “ha tenido un manejo exitoso de la pandemia”. Para ellos, no es un proceso penal, sino un proceso “político, con fiscales de izquierda, querellantes de izquierda, la Comisión de DD.HH., el Partido Comunista en pleno persiguiendo a las autoridades por una muy buena gestión”.
Desde la otra vereda quedaron conformes, y considerando que las defensas presentaron incidentes de nulidad, estimaron que la única intención de los abogados de Piñera y Mañalich “es entorpecer el procedimiento”. Y así lo manifestó a este medio el abogado querellante Roberto Santa Cruz, señalando que todas las partes tienen acceso a los antecedentes desde el 24 de agosto. “El juez actuó en derecho y con criterio de realidad”, subrayó.
