De manera inusual, diputados de la UDI y RN decidieron este martes acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que tipifica como delito la incitación a la violencia.
¿Por qué inusual? Una vez despachados las iniciativas como ley desde el Parlamento, existe un plazo de cinco días para acudir al TC y reclamar constitucionalidad. En este caso, el proyecto pasó recién este martes a segundo trámite constitucional, es decir, aún no termina su proceso para convertirse en ley.
Los parlamentarios oficialistas, en ese sentido, decidieron adelantarse y acudir al TC en las próximas dos semanas -tiempo en el que afinarán el requerimiento correspondiente-, pues argumentan que existen al menos dos motivos de peso para acudir al tribunal: el quórum con el que fue aprobado el artículo en cuestión este martes y por coartar la libertad de expresión u opinión.
La iniciativa -ingresada en 2017 como mensaje presidencial de Michelle Bachelet- fue despachada al Senado este martes desde la Cámara de Diputados luego de su votación en particular. Así, el artículo 1, numeral 4 del proyecto -que dice relación con el negacionismo- fue aprobado por 75 votos a favor, 66 en contra y seis abstenciones.
“La secretaría de la Cámara, en la sala, anunció (este martes) un quórum calificado y la comisión, con mayoría de izquierda, en una actitud tramposa y aprovechándose de la mayoría coyuntural, cambiaron el quórum a mayoría simple. Trampas legislativas como estas no pueden ser avaladas”, reclama el diputado UDI Juan Antonio Coloma al explicar las razones de por qué se adelantaron y acudirán al TC antes de que el proyecto sea despachado en su totalidad.
En la sala, además, la diputada RN Camila Flores hizo reserva de constitucionalidad.
La polémica por la fecha para aplicar sanción
Si bien el requerimiento ante el TC aún no está redactado en su totalidad, la bancada UDI -a través de la Fundación Jaime Guzmán- formuló un escrito previo de 17 páginas para argumentar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley.
En un acápite especial del escrito se desarrollan latamente las dos razones principales para acudir al TC, una de forma y otra de fondo, respectivamente: quórum y libertad de expresión.
Sobre el primer aspecto, en el documento se enfatiza que los votos requeridos para su aprobación eran 78 -quórum calificado- y no los 75 de mayoría simple que finalmente terminaron aprobando ese artículo.
No es la primera vez que Chile Vamos reclama por la calificación de quórum que hace la secretaría de la Cámara. El más polémico hasta ahora ha sido el de la discusión del retiro anticipado del 10% de retiro de fondos de las AFP.
“Ningún abogado serio puede afirmar que una disposición que limita o restringe la libertad de expresión -información consagrada en la Constitución- pueda ser aprobada con un quórum simple o común”, asegura el diputado UDI Gustavo Sanhueza.
Respecto del fondo del proyecto de ley, se precisa en el documento sobre un aspecto que fue polémico incluso en la discusión en sala este martes.
“El proyecto de ley, al circunscribir el tipo penal a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1989, incumple con estos presupuestos básicos del ordenamiento jurídico, además de consagrar una hipótesis de discriminación arbitraria en relación a quienes nieguen otras violaciones a los derechos humanos no comprendidas en este tipo penal”, señalan en el escrito.
La diputada Flores, al respecto, dice que “esta norma es sesgada, porque contempla un periodo histórico determinado que se vive en Chile. Excluye la vulneración de Derechos Humanos que puedan ocurrir en otros países y otros regímenes como Venezuela o China”.
En la minuta de la bancada UDI, además, se precisan una serie de reparos de fondo: dicen que se estaría afectando el derecho a la libertad de opinión y vulnerando la igualdad en la ley, “por cuanto el proyecto de ley restringe su aplicación a ciertos hechos puntuales, contraviniendo el principio de generalidad y abstracción de la ley”.
“Esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión. Se prohíbe no solo opinar sino también enseñar, informar y pensar de una forma distinta a la que nos impone el Estado”, añade al respecto el diputado Coloma.
Chile Vamos necesita la firma de 30 diputados para presentar este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sus impulsores -los UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Gustavo Sanhueza y la RN Camila Flores- afirman que habrá respaldo suficiente en la coalición.
“Las firmas que se necesitan van a estar de todas maneras. El requerimiento lo vamos a presentar parlamentarios de la UDI, RN y por lo que entendiendo se van a sumar algunos de Evópoli”, dice la diputada Flores.
