Tras cinco años, desde el inicio de la investigación, finalmente este lunes 28, a las 9 de la mañana, comenzará el inicio del fin de uno de los casos más emblemáticos por platas políticas: el caso Corpesca. La cita será en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal, donde tendrán lugar los alegatos de clausura de la única investigación de esta índole, que llegó a juicio oral.
Recordemos que el alegato de clausura es aquella instancia procesal en que las distintas partes -defensas, fiscales y querellantes- exponen ante los jueces sus conclusiones sobre el caso, y la relación final de pruebas ofrecidas.
En esta oportunidad, quien primero tomará la palabra será el Ministerio Público, a través de los fiscales Ximena Chong y Jaime Retamal. Los acusadores tendrán cuatro jornadas -entre las 9 y las 12.30- para dar cuenta de sus indagatorias. Luego será el turno del Consejo de Defensa del Estado y de los demás querellantes.
Si bien en su etapa previa, el juicio se ha estado realizando de forma semipresencial, el principal acusado, el exsenador Jaime Orpis, estará presente en el tribunal, luego de así solicitarlo en la última audiencia del miércoles 23. De hecho, tal como adelantan fuentes ligadas al caso, se espera que Orpis haga uso de la palabra, cuando sea el turno de defenderse.
En la lista de acusados también se encuentra la exdiputada, Marta Isasi; un exasesor de Orpis, Mario Candia; y la propia empresa pesquera, Corpesca. Esta última enfrenta responsabilidad penal, como personalidad jurídica, en virtud del delito de soborno por el cual ya fue condenado el exgerente de la pesquera, Francisco Mujica. Fue este último quien pactó los montos de $2 millones que Orpis recibió de Corpesca en forma mensual durante dos años y mientras se tramitaba la Ley General de Pesca.
Desde el Ministerio Público se espera llegar por primera vez a una sentencia en juicio oral respecto de la Ley 20.393 que, desde el 2009, establece responsabilidad penal para las empresas involucradas en delitos de soborno. Y cuyas penas incluyen la disolución de la persona jurídica, multas y la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
Opris enfrenta, en tanto, 21 años de pena solicitada por la fiscalía, la más alta para un político. Según los plazos trazados y los tiempos definidos para estos alegatos, los intervinientes del caso estiman que en noviembre podría haber un veredicto por parte de este tribunal oral.
