Tras una reunión sostenida con los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, donde se abordó la situación migratoria, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, sostuvo, a
través de un comunicado de prensa, que la situación en la región es compleja y que ha significado un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios públicos y de la salud en las tres residencias
sanitarias transitorias que existen en Iquique para albergar a los extranjeros que han ingresado al país a través de la frontera chileno-boliviana, en la comuna de Colchane.
En el documento, se da cuenta de las estadísticas del Departamento de Policía Internacional de Iquique, que al mes de septiembre, ha fiscalizado a extranjeros en la avanzada Colchane, en la aduana sanitaria de Huara y en la ciudad de Iquique, denunciando a 1.493 personas por ingreso clandestino a Tarapacá, por cometer infracciones a la ley de Extranjería en el período de enero a la fecha. De ellas, 615 corresponden a venezolanos.
La autoridad regional reiteró que el gobierno ha sido claro en señalar que no está a favor de la migración irregular, por lo que sostuvo que los mismos extranjeros que han llegado hasta la región se autodenuncian para optar a una solución tanto sanitaria como humanitaria.
Por otra parte, la Fiscalía de Tarapacá se refirió también a la polémica de la migración y al principal llamado de personas en redes sociales que apuntaban a la Fiscalía para dar una solución al respecto.
En este sentido, la fiscalía de Tarapacá explicó que no tiene atribuciones en ese sentido, ya que el control de la frontera corresponde a otras instituciones.
Además, informaron que la situación de los inmigrantes indocumentados es vista inicialmente por el Ministerio del Interior, que puede iniciar el proceso de expulsión o bien denunciarlos a la Fiscalía para que se abra un proceso judicial.
Finalmente agregaron que solo cuando la situación de los inmigrantes puede constituir un posible delito de tráfico o trata de personas, la Fiscalía investiga desde un comienzo.