Perú dio comienzo a uno de los juicios más importantes de su historia reciente. Tras 16 años de investigación fiscal, comenzaron las audiencias en las que se investiga la esterilización forzada de hasta 1.300 mujeres durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 272.000 operaciones de ligaduras de trompas y 22.000 vasectomías, pero se desconoce oficialmente cuántas se llevaron a cabo mediante engaños y coacciones, como han denunciado diversas víctimas.
Fujimori es uno de los denunciados por este caso junto a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, además de un equipo de médicos cirujanos que intervinieron a las víctimas, cinco de las cuales fallecieron por complicaciones tras la ligadura de trompas.
En esta primera sesión ha llamado la atención la ausencia de Fujimori, a pesar de ser uno de los principales acusados. El expresidente actualmente está en prisión y su médico personal solicitó una prueba PCR debido a una serie de supuestas complicaciones respiratorias que el exmandatario ha tenido en los últimos días.
Fujimori está recluido en el penal de Ate, en la capital peruana, donde cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su mandato, que comprendió entre los años 1990 y 2000.
Tanto los delitos de “graves lesiones” que sufrieron las supervivientes, como el de asesinato de las cinco personas que no lograron superar la operación, se enmarcan en un contexto claro de violación de los derechos humanos, que podría sumarse a lo que ya se acusa al expresidente.
Los abogados defensores aseguraron que el exmandatario puede estar ausente durante el proceso telemático y que sólo debe tener la constancia de lo que se está tratando en el mismo, algo que el juez aceptó.
Víctimas denuncian las esterilizaciones forzadas como política de Estado
A diferencia de Fujimori, sí estuvieron presentes sus exministros de Salud y los médicos involucrados en el caso, a excepción del galeno Octavio Marroquín, que falleció en agosto pasado, según se informó a la sala.
Durante la primera comparecencia se registraron los abogados y los representantes legales de las 1.307 víctimas implicadas.
La clave de este juicio para las víctimas es demostrar que estos procedimientos fueron una política de Estado durante la década de los 90. Un sistema que buscaba esterilizar de forma permanente a un determinado sector de la población, mujeres provenientes en su gran mayoría de poblaciones indígenas.
El propio Ministerio de Salud peruano ha reconocido en más de una ocasión que estas esterilizaciones se llevaron a cabo durante el segundo mandato de Fujimori y que afectaron principalmente a mujeres quechuas, campesinas y pobres.
