El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Arica y Parinacota, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones local, en contra de los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Salud, y en favor de 41 personas que habitan el sector Alto Copaquilla, en la comuna de Putre, quienes habrían visto vulnerada su integridad física y psíquica, y su derecho vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por la inacción de los citados servicios ante la contaminación mineral que se registra en la zona.
La empresa PROMEL, operó hasta 1989 un yacimiento aurífero y una planta de procesamiento en el sector. Esta última fue posteriormente desmantelada, quedando en el lugar cerca de dos millones de toneladas de desechos mineros, envases de productos tóxicos y residuos minerales, distribuidos en un terreno de aproximadamente 16 hectáreas. Durante 2021 los residuos han sido removidos en el contexto de obras públicas que se realizan en el lugar, y que nuevamente encendieron las alarmas entre los vecinos.
El recurso de protección presentado por el INDH, solicita a la Corte que se ordene la prohibición de nuevas remociones de residuos, sin la realización previa de estudios sobre impactos ambientales y de la salud de las personas que habitan en el sector. Además, que se dispongan medidas para impedir el acceso y libre tránsito de terceros por el lugar de acopio de los residuos, y su clausura efectiva.
También requiere que se realicen estudios de cargo de los organismos estatales recurridos, para la identificación completa de los contaminantes que existen en el área, así como la peligrosidad para las personas que habitan en ese sector y también para el medio ambiente.
El INDH pide, además, que se realicen procesos informativos a la comunidad sobre los riesgos asociados a estos contaminantes, y a su vez, mantener el lugar con información visible y detallada que permita comunicar el riesgo que el lugar reviste.
Durante 2021, una nueva empresa privada REMAVESA S.A. comenzó a realizar trabajos de mejoramiento de una ruta contigua para la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Las obras, que se realizaron sin autorización medioambiental, según denuncian vecinos, comprenden la remoción, extracción y transporte de los residuos minerales, que, tras casi tres décadas del fin de las operaciones mineras en el área, permanecen en la antigua planta de procesamiento de residuos.
El escrito del Instituto, señala que “como consecuencia de la remoción y traslado de los relaves lixiviados, las personas directamente afectadas indicaron haber visto cómo se dispersaron por todo el sector contiguo al acopio, material tóxico extraído del lugar, afectando a las viviendas aledañas al camino, y que esta actuación, no sólo habría puesto en riesgo a los vecinos, sino que también a los propios trabajadores de REMAVESA, impactando de esta forma su salud e integridad física”.
