Ayer domingo 25 el ministerio del Interior expulsó a 55 venezolanos desde el aeropuerto de Iquique en un vuelo de la línea aérea Sky hasta Caracas, acompañados por un grupo de detectives de la Policía de Investigaciones de Chile.
Quince de los extranjeros cumplían condenas en cárceles del país por delitos como tráfico de migrantes, tráfico de drogas y robo con violencia e intimidación, siendo objeto de expulsión judicial. Y otros 40 fueron objeto de expulsiones administrativas, por ingresar de forma irregular al país.
Sobre estos últimos recayó la preocupación de las organizaciones de apoyo a migrantes y de derechos humanos, denunciando irregularidades en el procedimiento realizado por las autoridades como detenciones arbitrarias y avisos cercanos a la fecha de expulsión entorpeciendo la presentación de los recursos de amparo.
El subsecretario del Interior, Juan Galli, quien vino a Iquique a supervisar el operativo, confirmó que las personas expulsadas habían sido notificadas el día viernes.
La misma Corte de Apelaciones de Iquique informó que los ministros titulares de la Corte se constituyeron el domingo 25 de abril para resolver las órdenes de no innovar solicitadas en recursos de amparo presentados, resolviendo no dar lugar a ellas. Esto significa, que la Corte rechazó la solicitud de suspender el efecto la medida de expulsión mientras el recurso se resuelve. Por eso, paralelamente, indicaron ayer desde la Corte, “se continúa la tramitación de los recursos, para lo cual se solicitó informe a los recurridos, otorgando un plazo de 24 horas para su evacuación”.
Por su parte, el director de Migra Chile, abogado Diego Persico, denunció que en el procedimiento de expulsiones amparado en el plan Colchane, la Policía de Investigaciones realizó detenciones y violentos allanamientos en residencias con niños en su interior.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la expulsión de las 55 personas, y por otros grupos que estarían detenidas esperando medidas de expulsión en Antofagasta, Arica, Calama e Iquique, sin acceso ni garantías de asistencia jurídica, debido proceso y evaluación de necesidades de protección.
Finalmente, la CIDH recordó que el gobierno chileno tiene el deber de brindar protección integral de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, y llamó a que implemente canales de regularización y acceso a procedimientos de protección con apego a los principios y estándares interamericanos de protección.
Por su parte, el dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, calificó la medida como una vergüenza, además de acusar al gobierno de usar comunicacionalmente este escenario para tapar la mala gestión que han tenido frente a la crisis económica y sanitaria.
