La Corte de Apelaciones de Iquique ofició a la Policía de Investigaciones (PDI), para que informe las medidas adoptadas para permitir el ingreso de abogados a sus cuarteles, en el marco de los casos de migrantes que enfrentan procesos de expulsión administrativa.
El oficio se da tras una solicitud, presentada el miércoles pasado por el Servicio Jesuita a Migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, quienes cuestionaron que la PDI parece no haber instruido a sus funcionarios y funcionarias para asegurar que abogados y abogadas puedan ingresar a sus dependencias a lo largo del país, con el objetivo de ofrecer asesoría jurídica a las personas extranjeras que se encuentren en ellas.
Eso, luego de que el pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de migrantes, las abogadas Constanza Salgado y Marjorie Dinamarca, solicitaron ingresar al cuartel policial ubicado en calle San Francisco N° 253 de Santiago para entrevistarse con las personas detenidas; sin embargo, la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno de la PDI.
Al respecto, la directora nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, Waleska Ureta, explicó que negar el ingreso a los cuarteles policiales a los abogados no tiene justificación alguna y es una práctica ilegal.
