La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó la indemnización por concepto de daño moral, que el fisco deberá pagar a Héctor Gustavo Reyes Arancibia, trabajador textil de la desaparecida empresa Banvarte detenido ilegalmente el 19 de septiembre de 1973 y sometido a sesiones de torturas en el Regimiento Rancagua de Arica y en el campo de prisioneros abierto a un costado del Morro de la ciudad.
En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Dobra Lusic, Sergio Padilla y la abogada integrante Paola Herrera, fijó en cincuenta millones de pesos la indemnización que debe recibir la víctima.
“Se reproduce la sentencia en alzada sustituyendo en el párrafo final del considerando vigésimo primero la cifra ‘$20.000.000’ por ‘$50.000.000’ y teniendo en su lugar y, además, presente, que la prueba testimonial y documental rendida por el actor unida a la consideración del largo tiempo de privación ilegítima de libertad y los efectos nocivos que de ello derivaron para la vida futura de éste, llevan a la Corte a elevar la suma fijada como indemnización, como se dirá en lo resolutivo”, sostiene el fallo.
Los hechos
En la presentación de la demanda por indemnización en contra del Estado de Chile, el abogado Nelson Caucoto, estableció la relación de los hechos de los cuales fue víctima su representado Héctor Gustavo Reyes Arancibia.
Reyes Arancibia para el 11 de septiembre de 1973 además de trabajar en la empresa textil Banvarte de Arica, era estudiante de técnico automotriz de la Universidad del Norte con sede en dicha ciudad. Posterior al golpe de Estado, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por militares del Regimiento Rancagua de Arica y conducido a dicho lugar.
En ese recinto fue llevado a los patios, al costado de las caballerizas, donde había un centenar de personas detenidas y amarradas a palos que usaban para atar a los animales. Allí fue amarrado al igual que el resto de las personas por un espacio de 3 horas. Durante dicho lapso, desamarraban a los prisioneros y los llevaban a las salas de interrogación y tortura.
Al salir de dichos interrogatorios, los militares procedían a golpear brutalmente a quienes iban saliendo con el objetivo de intimidar al resto de los detenidos. Había muchos trabajadores de la empresa textil Banvarte, por lo que Reyes Arancibia pudo ver torturados a muchos de sus amigos y colegas. Eso, hasta que llegó su turno, donde fue ingresado a la sala de torturas recibiendo apremios de todo tipo, siendo torturado por más de una hora en conjunto con otros colegas.
Una vez terminada su sesión de torturas fue sacado como bulto, siendo atado nuevamente al palo de los animales, permaneciendo ahí sin agua ni comida por más de un día. El 21 de septiembre fue subido a un vehículo militar junto a otros 6 trabajadores, lugar en el que era insultado y golpeado permanentemente y conducido a un campo de prisioneros recientemente adaptado en la ciudad de Arica, a un costado del Morro. Dichos recintos eran sólo ruinas y estaban hacinados como animales, había sólo un turno diario para ir al baño, la comida era escasa y los sacaban permanentemente a sesiones de torturas. Fueron mantenidos en dicho recinto en condiciones infrahumanas sin posibilidad de asearse. Hasta que sólo después de unos meses le permitieron recibir visitas de sus padres.
Los detenidos recibieron una visita de una comisión veedora de las Naciones Unidas, gracias a lo cual las condiciones mejoraron. A la víctima se le levantaron cargos y se le abrió un proceso en la Fiscalía Militar de Arica. Estuvo preso en dicho lugar por espacio de más de un año. En dicho lugar los militares le fracturaron el hombro, costillas y un brazo además de provocarle lesiones en la espalda y cadera que hasta el día de hoy lo acompañan.
Finalmente, a fines de octubre de 1974 es liberado de la prisión política, pero acto seguido es exiliado forzosamente ante lo cual debe partir a Canadá. Recién a fines de 1983 es autorizado para ingresar al país.
Ante las circunstancias antes descritas, Reyes Arancibia fue reconocido por el Estado de Chile como víctima calificada de prisión política y torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, mejor conocida como “Comisión Valech” establecida por el Decreto Supremo Nº 1.040 de 2003, con el número 20252.
