Un plazo de 10 días máximo le otorgó el Juzgado de Cobranza de Iquique al Gobierno Regional de Tarapacá para que pague un millonario monto por concepto de indemnización y cumpla con las medidas reparatorias, en el caso del despido del periodista Nicolás Candel por parte del ex intendente Miguel Quezada, ocurrido el año 2018.
Se trata de una indemnización que ya bordea 47 millones de pesos, correspondiente a la sentencia laboral más onerosa a la que ha sido condenado hasta ahora un organismo público de la región de Tarapacá, sumado a una carta de disculpas que debía redactar el entonces intendente Quezada, pero que ahora, tras el cambio de autoridades, deberá firmar el nuevo gobernador regional José Carvajal.
El Juzgado de Letras de Iquique dictó la sentencia del caso en marzo del año 2019, luego de una extensa investigación que determinó la existencia de la vulneración de los derechos constitucionales de libertad de trabajo y la infracción al derecho a la vida e integridad física y psíquica por parte de Quezada, representante legal del gobierno regional y autor intelectual de la decisión.
Tras pasar por todas las instancias judiciales del país en los últimos tres años, incluidos dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional y el rechazo de la Corte Suprema de un recurso de unificación de jurisprudencia presentando por el gobierno regional, el monto de indemnización que comenzó en 39 millones de pesos a estas alturas alcanza los 47 millones de pesos.
El paso del tiempo en tribunales permitió a Quezada evadir la responsabilidad judicial y ahora el caso apunta al nuevo gobernador regional, José Carvajal, quien de no cumplir con las medidas podría ser arrestado, mientras que el gobierno regional corre el riesgo de pagar multas que van de 2 a 5 millones de pesos por no entregar a tiempo la carta de disculpas, cuya emisión fue ordenada por la justicia en noviembre de 2020.
El cumplimiento de las medidas reparatorias y el pago de la indemnización ahora tienen un plazo perentorio, ya que este lunes la jueza titular del Juzgado de Cobranza de Iquique, Catalina Casanova , ordenó al gobierno regional acatar la sentencia de marzo de 2019 en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Asimismo, la resolución de la jueza Casanova indica que, en caso de no cumplirse con el período de 10 días, se podrá decretar como medida de apremio el arresto del deudor, es decir, el actual representante legal del gobierno regional, José Carvajal.
De acuerdo al requerimiento de la parte demandante, Carvajal podría pasar hasta 2 meses bajo arresto en caso de no cumplir lo ordenado por la justicia.
Cabe destacar que el pasado 15 de julio el jefe jurídico del gobierno regional de Tarapacá, Osvaldo Ardiles, en total desconocimiento del nuevo gobernador regional, intentó evadir el cumplimiento de la medida reparatoria de la carta de disculpas, indicándole al tribunal que como ya no existía el cargo de intendente era imposible cumplir con esa parte de la sentencia, todo lo cual fue descartado este lunes con el fallo de la jueza Casanova.
