El Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración “y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW).
La organización internacional señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados. Junto a esto, señalan que las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, expresó que “los tribunales de Chile demostraron que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso”.
Vivanco apuntó que resulta “contradictorio” que el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela, mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos”.
HRW señala que se estima que más de 457 mil venezolanos viven actualmente en nuestro país y que la mayoría de ellos está de manera legal. De acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes (SMJ), el Gobierno ha deportado a 295 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial.
Según indica el organismo internacional, examinó 21 sentencias judiciales que brindaron proyección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación. Además, entrevistó a activistas del ámbito humanitario y de derechos humanos; y documentó en profundidad dos casos ilustrativos de deportaciones que se produjeron en el vuelo del 6 de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.
Human Rights Watch identificó los siguientes problemas relacionados con procesos de deportación inadecuados y otras fallas en los sistemas de inmigración y refugio. La ausencia de debido proceso, es uno de los inconvenientes que observó, ya que en la gran mayoría de los casos, los policías no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden de deportación.
Junto a esto, las deportaciones colectivas y falta de determinación individual, según señala HRW, estas resoluciones no incluyeron análisis individuales de las circunstancias de cada caso, según señaló el Comité de la ONU de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
En uno de los casos que detalla HRW está el del venezolano de 24 años, Darwin Daniel Sosa Piña, quien fue detenido el pasado 5 de junio en su lugar de trabajo, siendo transferido a una dependencia de la Policía de Investigaciones (PDI) y deportado en el vuelo del 6 de junio.
Sosa manifestó al organismo internacional que dio aviso a la PDI que su pareja embarazada se encontraba en el país, pero aún así los funcionarios continuaron con la deportación. Aún estaba pendiente una apelación de la orden de deportación que había recibido en marzo, explicó. La Corte de Apelaciones de Iquique anuló la orden de deportación el 14 de junio, cuando Sosa Piña ya se encontraba en Venezuela.
Chile debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos.
Es contradictorio que el gobierno condene los abusos del regimen de Maduro pero deporte sumariamente a venezolanos a pesar de que su vida puede estar en peligro.
Informe de @hrw_espanol: https://t.co/ym70Kk1FuS
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 28, 2021