El diputado por Arica y Parinacota, Luis Rocafull, anunció que solicitará la intervención de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados, para que se aborde el problema suscitado en el puerto de Arica, tras la negativa de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) a pagar las tarifas públicas que están vigentes por los servicios a la carga de importación que moviliza por este recinto.
El parlamentario comunicó su decisión tras reunirse con el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (COTRAPORCHI), Sergio Baeza; la presidenta del Sindicato de ULTRAPORT y vicepresidenta de COTRAPORCHI, Sandra Baltierra; y el secretario del Sindicato de Trabajadores de TPA S.A. y director de COTRAPORCHI, Víctor Ramírez.
Rocafull explicó que pedirá que asistan representantes de la Cancillería, de la Empresa Portuaria Arica (EPA) y de los sindicatos de trabajadores a informar al parlamento sobre este conflicto.
“La negativa de Bolivia y de sus sucesivos gobiernos a no pagar las tarifas del puerto de Arica, ha sido una constante. Bolivia ha intentado siempre que los temas del puerto de Arica sean vistos por comisiones diplomáticas, para no pagar los servicios que requiere por la carga que moviliza. Eso no lo podemos aceptar, porque no existe razón alguna en el Tratado de 1904 que justifique esa solicitud. En ningún puerto de Chile los servicios son gratis”, indicó.
El parlamentario señaló que el gobierno boliviano está creando un “conflicto artificial”, al instruir a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), que no firme el acuerdo tarifario que en julio había consensuado con la Empresa Portuaria Arica.
“Queda claro que no hay ninguna voluntad de Bolivia por llegar a un acuerdo. Primero los ejecutivos de ASP-B en julio aceptaron firmar un convenio por 3 años, con un descuento promedio del 38% y con 23 servicios con rebajas. Extrañamente los mismos ejecutivos bolivianos al consultar a su gobierno, cambiaron drásticamente de posición y se negaron a firmar lo que ya habían pactado. El Puerto de Arica no puede estar capturado por los caprichos de Bolivia y detener su desarrollo por revanchas que nos quieren cobrar por el pasado”.
El legislador expresó que pedirá un pronunciamiento formal de la Cancillería sobre este asunto, “dado que el año 2019 sí lo hubo y ahora extrañamente ha estado ausente. Pediré que ratifique que este tema es netamente comercial y no debe ser visto en foros diplomáticos. El puerto de Arica no puede ser visto como una moneda de cambio en mesas bilaterales, para calmar la eterna demanda boliviana de acceso al mar”, sostuvo.
También dijo que pedirá a la EPA que continúe con el Plan de Normalización Tarifaria y de Servicios impulsado el año 2019 con la carga de ASP-B, “porque esa decisión permitió situar las negociaciones en un ámbito netamente comercial, lo que además posibilitó el ordenamiento de la carga de importación boliviana que no tenía ningún incentivo para salir del puerto, dado que contaba con tarifas congeladas negociadas en comisiones diplomáticas”.
Por su parte, el secretario del Sindicato N°1 del TPA, Víctor Ramírez, enfatizó que “durante los conflictos sociales y la pandemia, el puerto de Arica no ha paralizado, dando fluidez a la carga peruana, chilena y boliviana. Así los trabajadores hemos demostrado el compromiso que tenemos con el puerto. Le pedimos entonces al gobierno que este compromiso sea valorado y que tome conciencia de que acceder a la petición de Bolivia de congelar las tarifas, generará un impacto negativo las fuentes laborales del puerto. Seguiremos insistiendo en que esto siga siendo una negociación comercial a cargo de las empresas y no un asunto de política exterior”.
