La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó este lunes 20 de septiembre la sentencia que condenó al coronel de Ejército en retiro Raúl del Canto Galdames, en calidad de autor del delito de secuestro calificado del topógrafo Pedro Segundo Mella Vergara. Ilícito perpetrado a partir del 14 de mayo de 1977, en la ciudad de Arica.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución apelada, dictada el 30 de enero pasado por el ministro en visita Vicente Hormazábal, con declaración que se eleva la pena que deberá cumplir Del Canto Galdames a 15 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Además, mantiene las pena accesorias decretadas por el juez de la instancia.
El fallo sostiene “que, en cuanto a la apelación presentada por la defensa del condenado, la que omite todo tipo de argumentaciones, esta Corte comparte las conclusiones a las cuales ha arribado el sentenciador de la instancia para arribar al veredicto condenatorio y desestimar cualquier pretensión de reforma en su beneficio, estimándose que las probanzas allegadas a estos antecedentes permiten tener por acreditado el cuerpo del delito y la participación culpable que en aquel corresponde al encartado, como asimismo, la concurrencia de las circunstancias que permiten calificar el hecho punible como secuestro calificado”.
Asimismo, la resolución agrega “que no se advierte que exista una desproporción en las sumas que han sido otorgadas a título de daño moral, las que se encuentran suficientemente justificadas en el inconmensurable daño a las víctimas demandantes, teniendo en consideración el extenso período durante el cual buscaron afanosamente conocer el paradero de Pedro Mella Vergara”.
En el fallo que dictó el ministro Hormazábal dio por establecido que Pedro Segundo Mella Vergara el día 14 de mayo de 1977 se encontraba en compañía de su cónyuge Nilda Caqueo Olcay y su amigo Sergio Oviedo Sarria al interior de la boite Manhattan de la ciudad de Arica, siendo detenido y trasladado a la Primera Comisaría de Carabineros a petición de efectivos del Ejército pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA que cambió de nombre a Central Nacional de Informaciones en agosto de 1977), tras haberlo sindicado como espía y experto en explosivos, lugar desde el cual fue retirado por uno de dichos efectivos, no siendo posible determinar su paradero desde esa fecha hasta el momento actual.
En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la resolución que condenó al fisco a pagar la suma total de doscientos cincuenta millones de pesos por concepto de daño moral, a la cónyuge e hijos de la víctima.
