Con un número creciente de estadounidenses que mueren por sobredosis de drogas y una preocupación cada vez mayor por las adicciones, el gobierno de Joe Biden se ha encontrado con una crisis nacional que sigue aumentando a medida que se prolonga la pandemia de COVID-19.
El 2020 más de 93.000 personas murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lo que convierte al año pasado en el más mortífero registrado en cuanto a sobredosis de drogas.
El consumo de alcohol por parte de los adultos estadounidenses parece haber aumentado también durante la pandemia, ya que casi 1 de cada 4 adultos declaró haber bebido más para hacer frente a su estrés, en una encuesta de la Asociación Americana de Psicología.
En la campaña electoral, Biden presentó un plan integral para hacer frente a la epidemia de opioides, pero su defensa pública del tema ha quedado en gran medida relegada al centrar su presidencia en su agenda legislativa y en la pandemia de coronavirus. Ahora, a más de la mitad del primer año de Biden en el cargo, cuando el Mes de la Recuperación Nacional llega a su fin, su gobierno se enfrenta a los llamamientos para hacer más para evitar la crisis.
Hasta ahora, entre los esfuerzos de la administración, la Casa Blanca ha propuesto inversiones históricas para hacer frente a la crisis de las sobredosis en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2022. Y la financiación importante para los ambiciosos objetivos legislativos de Biden, que incluye una financiación histórica alineada con la agenda de política de drogas de la Casa Blanca, sigue en negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.
El Dr. Stephen Taylor, médico de Alabama y director médico de Pathway Healthcare, afirmó que “la gente responde al estrés de la pandemia con un mayor consumo de sustancias. En todo el país, personas que ni siquiera tienen un trastorno por consumo de sustancias han aumentado su consumo“.
La Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, de cuya junta directiva forma parte Taylor, insta a la Casa Blanca a que apoye una serie de medidas en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022, que se presentará al Congreso a principios del próximo año.
Taylor hizo hincapié en la importancia de la financiación propuesta en el amplio proyecto de ley de gastos de US$ 3,5 billones de la Cámara de Representantes. Los demócratas se habían decidido en un principio por esa cifra máxima, pero algunos moderados del Senado en el partido han indicado que no apoyarán una cifra tan elevada.
“Reconocemos que sería la pieza legislativa más importante para las personas con trastornos por uso de sustancias, literalmente desde la aprobación de (Ley de Cuidado a la Salud a Bajo Precio, “Obamacare”), es también una oportunidad para avanzar realmente en la equidad“, agregó.
El proyecto de ley de gastos incluye una disposición para proporcionar a las personas encarceladas con Medicaid en el período previo a su liberación de la prisión, un paso importante que los defensores sostienen que ayudará a una población extremadamente vulnerable a tener acceso a la salud mental y el tratamiento de uso de sustancias, previniendo posiblemente la reincidencia. La propuesta de gasto también ampliaría el crédito tributario por hijos, pero su inclusión podría verse reducida.
Por su parte, Regina LaBelle, directora en funciones de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, explicó que este crédito ayudará a la prevención de los trastornos por sustancias.
“La pobreza pone a las personas en mayor riesgo de experimentar algunas de las condiciones que pueden conducir al uso temprano de sustancias. La extensión del crédito ayudará a prevenir que las personas desarrollen trastornos por consumo de sustancias mediante la reducción de las condiciones que pueden conducir a un trauma (y) la falta de vivienda”, concluyó.
