El Ministerio Público podría abrir de oficio una investigación al contrato de transacción del proyecto Dominga, ya que si se habrían encontraron nuevos antecedentes que involucran al Presidente Sebastián Piñera, los que no fueron revisados en el año 2017.
La polémica en torno a la compraventa del mega proyecto minero Dominga, comenzó luego de las revelaciones en el marco del caso Pandora Papers, donde se expusieron supuestas irregularidades en la venta, en Islas Vírgenes Británicas, de las acciones del Presidente.
El reportaje data que la familia Piñera-Morel, socia mayoritaria del proyecto, vendió su parte al empresario Carlos Alberto Delano. Según la investigación, el pago se pactó en tres cuotas, y la tercera de ellas sería pagada con la condición que el Gobierno no declarase reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga.
Tras el polémico reportaje, el mismo Presidente aseguró, en repetidas ocasiones, que los hechos expuestos ya eran de público conocimiento y se habían investigado en tribunales chilenos en 2017, resultando sobreseído de la querella presentada por el entonces diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez.
Sin embargo, hubo un importante antecedente que no estuvo presente en la investigación de ese entonces, y es justamente la tercera cláusula en la venta del proyecto. Entiendo que se trata de antecedentes nuevos, se podría reabrir la investigación.
Según información consignada por La Tercera, cuando se indagó esta operación en 2017, por el ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra “la arista que comprometía al proyecto minero, sólo se encontró un pre-acuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. La situación descartaría que los documentos ya hayan sido objeto de indagatoria”.
Ante esta situación, el abogado del Mandatario, Juan Domingo Acosta, emitió un comunicado en el que asegura que “el documento denominado ‘Acuerdo’, firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga”.
Agregando que “el documento dado a conocer por la ICIJ , es solo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento“, explicó el abogado.