La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur de las Naciones Unidas, emitió un informe respecto a la situación de Chile a dos años del estallido social.
En el escrito se refiere a la situación de los “presos del estallido social”, explicando que se “considera excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones”.
El organismo explica que es responsabilidad del Estado propiciar las garantías del proceso, detallando que “las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando por cierto que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una ‘pena anticipada’, más que como una genuina medida cautelar”.
Además, el informe registra una reducción del uso de escopetas antidisturbios y la “actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros”.
Sin embargo, se percibe un uso “inadecuado de cartuchos lacrimógenos y de carros lanza aguas contra las personas – sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químicos”. De la misma forma, se destacan casos en que el personal de Carabineros no prestó ayuda a personas heridas.
Asimismo, el documento constata “hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas”.
El informe también reconoce que existen limitaciones en los programas a victimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que no garantizan una reparación integral para las personas afectadas y sus familias.
#Chile🇨🇱
A 2⃣ años de las masivas protestas, el país debe seguir fortaleciendo los #DerechosHumanos, según un informe lanzado hoy por @ONU_derechos.
El documento analiza la implementación de las recomendaciones realizadas a Chile en 2019 ➡️https://t.co/A2wyUIhoQ3 #InformeChile https://t.co/lupYTHBQKS pic.twitter.com/Ba1fcxVx2F
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) October 25, 2021
